Lo hicieron mediante un comunicado emitido este lunes, respondiéndole a la gobernadora Arabela Carreras, luego de los ataques incendiarios. El escrito textual.

“El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), solicitó en reiteradas oportunidades y por todos los canales institucionales la designación de un enlace para consensuar un Convenio interjurisdiccional para iniciar el  Relevamiento territorial conforme lo ordenado por la Ley 26160 y en ese marco abordar en conjunto con la representación indígena institucionalizada el abordaje de los temas conflictivos.

La línea de trabajo que se viene inaugurando con distintas provincias es la cooperación y coordinación, cuyo resultado inmediato ha sido disipar las tensiones conflictivas y mediante canales de diálogo se viene instaurando la paz social. Cabe resaltar que la provincia de Río Negro no lleva a cabo relevamientos territoriales desde hace años, y no ha entregado títulos comunitarios como el resto de las provincias argentinas.

En el último convenio firmado en 2018, y a pesar de haber recibido fondos de Nación, no se llevaron a cabo las demarcaciones territoriales establecidas por la ley 26160. En atención a ello, el INAI ve la necesidad de iniciar la delimitación de las tierras que ocupan de manera tradicional y pública las comunidades indígenas.

Ante las múltiples acusaciones vertidas contra el INAI, sus autoridades solicitaron formalmente que quienes plantean las denuncias presenten las pruebas correspondientes ante la Justicia. Es muy grave hacer acusaciones temerarias de complicidad e instigación en referencia a los últimos incendios en la zona andina, sin una sola prueba que respalde dicha denuncia. Reafirmamos y rectificamos que todos los funcionarios del organismo actuaron dentro de su competencia y en estricto apego a la ley.

Resulta claro que los ataques mediáticos al INAI se volvieron sistemáticos desde que se conoció la Resolución firmada por su titular, a partir de la cual un conocido country de la ciudad de San Carlos de Bariloche -por decisión judicial- debe dejar pasar a una comunidad mapuche por dentro de sus instalaciones. La Lof Celestino Quijada estuvo encerrada y obligada a transitar durante 7 años varios kilómetros de camino escarpado para que sus niños concurran a la escuela o al hospital, dado que se le cerró el camino que lo conducía a su comunidad. Como tantas comunidades indígenas, quedaron “arrinconados”, hecho que de por sí muestra una injusticia flagrante a los derechos fundamentales de las personas.

“Esperamos que se esclarezcan rápidamente los hechos de público conocimiento ocurridos en la zona andina y, se desplieguen programas de gobierno que lleven adelante las entregas de títulos comunitarios y demarcaciones territoriales establecidas en la ley 26.160 que la provincia de Río Negro se rehúsa a llevar adelante. Por eso -y por tercera vez- solicitamos formalmente al gobierno de Río Negro que firme el Convenio de Relevamiento Ley 26.160, tal como lo han hecho las provincias de Neuquén, Santa Fe, Chaco, Jujuy, Salta, San Juan y Misiones.

Las políticas públicas como el cumplimiento de la ley y la entrega de títulos tal como lo establece la Constitución Nacional, resultan necesarias para lograr la paz social. Otros países hermanos no cuentan con esta herramienta, Argentina si la tiene. Es nuestro deber aplicarla. La vía pacífica de resolución de conflictos -más allá de la labor del Poder Judicial- es la única posible para garantizar un estado intercultural y democrático. Por último y una vez más reclamamos que las comunidades originarias no sean utilizadas en la campaña electoral”.