La causa que impulsa el fiscal Guillermo Lista y el municipio como querellante con la representación del abogado Raúl Ochoa, continuará en etapa de investigación hasta octubre de 2022, tal como lo determinó el juez de Garantías Ricardo Calcagno al conceder una nueva prorroga ante el carácter complejo de la pesquisa. Investigan a decenas de empleados municipales involucrados en una asociación ilícita que otorgaba licencias truchas para conducir.

A pesar de la oposición manifiesta de los abogados Sebastián Arrondo, María Rodrigo, Exequiel Palavecino y Marcos Miguel, el juez Calcagno decidió extender el plazo de investigación por un año, ante la dificultad que expresó la fiscalía para completar el proceso de recolección de pruebas, testimoniales y documentales, ante la magnitud de los hechos investigados y la cantidad de personas imputadas.

En el caso están acusadas Juan Oyarzo, Alicia Vega, Malen Castro, Gladys Aranda, Eugenia Carballo, José Salazar, Walter Gallardo, Daniel Martínez, Luis Neculman, María Paz, Mariana VIllalobo, Javier Namor, Fernando Sepulveda y Manuel Aguirre. La lista incluye a Graciela Pereira, que no participó de la audiencia desplegada este miércoles de manera virtual, a través de la plataforma Zoom.

Para el fiscal Lista, todos los nombrados cometieron delitos de defraudación a la administración pública, falsedad ideológica, cohecho, falsificación de documentos y otros relacionados, integrando una asociación ilícita destinada a obtener beneficios personales en el trámite de otorgamiento de licencias de conducir, siendo la mayoría de ellos hasta la actualidad, empleados municipales de Bariloche.

Lista y el querellante Raúl Ochoa, en representación de Marcela González Abdala y Mercedes Lasmartres, del municipio local, manifestaron su interés en completar la investigación y sostener la acusación contra los nombrados, aunque remarcaron las dificultades que enfrenta el proceso.

Al respecto el fiscal indicó que día a día avanzan en la incorporación de declaraciones testimoniales, que incluyen la participación en el caso de más de trescientos testigos y que aún resta concretarse la instancia de rueda de reconocimiento de personas, que también tendrán una dificultad elevada.

Los defensores cuestionaron que no se había demostrado la complejidad de la causa y que además, el hecho se había conocido en 2017, transcurriendo casi cinco años sin que se produjeran avances significativos en el proceso.

El juez de Garantías concedió la prórroga pedida por los acusadores y señaló que el pedido había sido realizado en tiempo y forma y remarcó que los acusados todavía están en funciones en el municipio local.

Según la acusación, entre los años 2014 y 2016, un grupo de empleados de la Dirección de Tránsito del municipio local, armaron una estructura delictiva a los fines de otorgar licencias de conducir, por fuera de las formalidades que exige la ley y lograron así, un perjuicio patrimonial para el Estado municipal, superior al millón y medio de pesos.

En la causa se constató que una persona que no pertenecía a la administración pública municipal, captaba los clientes que a cambio de diversas cantidades de dinero, obtenían las licencias de conducir apócrifas, que los empleados municipales gestionaban y emitían fuera de los horarios de trabajo.