El juez Marcelo Álvarez Melinger homologó un acuerdo pleno de juicio abreviado que alcanzaron los acusados, sus defensores y el fiscal Guillermo Lista y condenó a dos miembros de la Policía de Río Negro a penas de prisión en suspenso, más inhabilitación especial perpetua para portar armas o desempeñar cargos administrativos. Admitieron una larga lista de delitos.

Aunque se exponían a una condena mayor, siguiendo el consejo de los abogados defensores Estanislao Cazaux y Pablo Calello, los dos imputados lograron penas de prisión en suspenso. Se trata de Alfredo Pedro Millanao y Andrea de las Nieves Melin, ambos con rango de sargento ayudante de la Policía de Río Negro, estaban ligados a un puñado de legajos judiciales que se resolvieron ayer mediante el acuerdo que implicó el reconocimiento de los delitos atribuidos.

Millanao (42) recibió una condena de tres años de prisión en suspenso y pautas de conducta. La lista de delitos reprochados y admitidos por el propio Millanao refleja lo beneficioso del acuerdo al que accedió al declararse culpable para no pasar ni un día en prisión: abuso de autoridad, lesiones leves agravadas, amenazas coactivas, vejaciones en acto de servicio concursada con lesiones leves calificadas, defraudación a la administración pública agravada por ser funcionario público, malversación de caudales públicos en la modalidad de peculado, falsificación de instrumento público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Todos esos delitos se acumularon en diversos legajos fiscales y ocurrieron entre los años 2016 y 2017.

Durante el tiempo que dure la condena de ejecución condicional, Millanao deberá respetar ciertas pautas de conducta para sostener la pena en suspenso y asimismo quedará inhabilitado a perpetuidad para el manejo de armas policiales y para desempeñar actos administrativos con manejo de fondos. Además de otras pautas de orden genérico, tendrá una prohibición de acercamiento y contacto para con las víctimas y deberá abonar una reparación económica de treinta mil pesos.

En el caso de Melin (40), se declaró culpable por los delitos de defraudación a la administración pública agravada por ser funcionaria pública, malversación de caudales públicos en la modalidad de peculado, falsificación de instrumento público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal. Se declaró culpable a cambio de una condena de dos años de prisión en suspenso, multa de mil pesos y la obligación de respetar pautas de conducta entre las que destacan la prohibición de desempeñar actividad administrativa de índole patrimonial.

Para graficar lo beneficioso del acuerdo que obtuvieron los acusados, basta destacar que en audiencia de control de acusación, sin incluir todos los legajos por los que fueron acusados Millanao y Melin, la fiscalía había anticipado ante la jueza Romina Martini una pretensión punitiva provisoria del orden de los cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

La acusación contra ambos describió que realizaron traslado de valores para la empresa Diarco en horario de servicios, incumpliendo con lo estipulado por la normativa policial y a sabiendas de la ilegalidad en que incurrían y además señala que lo hicieron con el inequívoco propósito de percibir dinero a su favor. La acusación detalló que ambos percibieron dinero en concepto de combustible por el uso de sus vehículos particulares y que falsearon documentos para disimular las cuestiones referidas anteriormente, que van en contra de la normativa que regula el funcionamiento y comportamiento de los miembros de la fuerza.

La acusación fiscal determinó que cada uno percibió más de 40 mil pesos en forma indebida en concepto de traslados de caudales en horarios en que debían estar prestando servicios dentro de la unidad 42 y a ello debe sumarse otros veinte mil pesos cada uno en concepto de combustible por poner a disposición sus vehículos particulares. La acusación fiscal espetó que ambos policías percibían triple pago: en primer término por encontrarse de servicio, en segundo lugar por el pago en razón del traslado de valores y, finalmente, por la percepción de dinero en concepto de combustible.

Pero en el caso de Millanao además, le imputaron un hecho ocurrido el 1 de noviembre de 2017, en el marco de una práctica de tiro en el polígono denominado La Paloma. Ese día, haciendo valer su condición de instructor a cargo de la práctica de tiro de un grupo de policías, de manera intencional, por la espalda y con la  clara intención de causar daño en la integridad física de los agentes policiales, efectuó al menos un disparo con una escopeta con proyectiles antitumulto -postas de goma-, a una distancia de entre 8 a 10 metros. Así, lanzando amenazas hirió a uno de los agentes en las piernas.

También le atribuyeron a Millanao un hecho ocurrido el 12 de febrero de 2018, cuando se produjo un siniestro vial en la rotonda que une la ruta 40 Sur con la avenida de Circunvalación y una comisión policial a su cargo tomó intervención en el hecho. En concreto, le atribuyeron una serie de comportamientos vejatorios para con uno de los protagonistas del siniestro, que terminó detenido en un calabozo de la unidad 42.

En el caso de Melin, además fue acusada por un hecho ocurrido en septiembre de 2018, cuando en el marco de un allanamiento a su vivienda encontraron una escopeta de un caño calibre 32, considerada de uso civil deportivo, sin tener la autorización legal correspondiente.

Beneplácito de la familia

Conocida la sentencia para Millanao, en especial sobre el tema la balacera cuand era instructor de tiro, familiares de la joven víctima manifstaron su satisfacción. Es que creían que el caso quedaría impune dado los antecedentes del acusado.