El fiscal Tomás Soto le atribuyó a César González el delito de usurpación, instigación a cometer delito y atentado a la autoridad agravado, requiriendo además medidas cautelares. El juez de Garantías Juan Pablo Laurence, admitió los cargos pese a la negativa de la defensa, que además expresó que fue la policía quien comenzó la agresión y que González fue severamente castigado en su detención.

La audiencia se realizó con algunos cuartos intermedios de forma presencial en los tribunales locales y culminó en la tarde de este jueves con el dictado de una prisión preventiva por dos meses.

No obstante, en la resolución del magistrado se excluyó la instigación a cometer delitos, señalando que debe profundizarse más la investigación, más allá de que en la formulación de cargos la calificación legal es provisoria. Contra ello la fiscalía planteó una reposición, para torcer la decisión del juez, pero el magistrado mantuvo su decisión.

El magistrado apuntó que son situaciones sensibles y que es palmaria la necesidad, aunque “eso no justifica de ninguna manera vías de hecho para tener por mano propia en función de una respuesta tardía o ausente del Estado” y aseveró que “La municipalidad seguramente está tomando atenta nota de todo esto y verá que políticas aplicar para avanzar en la temática que nos ocupa”, reseñó Laurence.

Según la imputación, González actuó como líder y promovió y facilitó la usurpación desplegada por varias personas en la intersección de las calles Prayel y Neneo, sobre la ladera Sur del cerro Otto.

Se trata de tres parcelas que pertenecen a dos privados y al municipio y que tienen una extensión mayor a las 150 hectáreas.

Según la fiscalía, González organizó y planificó, se mostró como referente de una cooperativa de viviendas y aseguró que el municipio le había cedido una casilla para instalarse en el lugar, por lo que ingresó a los predios junto a otras 80 personas y usurpó el sitio.

Esos hechos ocurrieron varias semanas atrás y motivaron una formulación de cargos que se desarrolló en el mes de agosto.

Posteriormente hubo una decisión judicial de remover todos los elementos y precarias construcciones instaladas allí.

Desde entonces, González junto a otras personas -según expresó el fiscal Soto- se reunieron diariamente en el lugar, quedándose en la vía pública y mostrando permanentemente intenciones de ingresar.

En concreto, el 18 de septiembre, forzaron el ingreso y se produjo un altercado con la policía, en la que hubo heridos de ambos bandos.

Según la documentación presentada por Soto, González había sido beneficiado por un acto administrativo municipal, mediante el cual se le otorgó en custodia un lote en el lugar, lindante a los ocupados pero finalmente la decisión administrativa municipal fue revocada en agosto por otro acto igual.

Según la fiscalía, González adoptó un rol protagónico en la organización de la usurpación pero la defensa cuestionó que no había elementos probatorios para sostener esa porción de la acusación.

Por ello, el juez Laurence admitió los cargos por atentado a la autoridad y usurpación, pero rechazó el delito de instigación a cometer delitos.

La defensa, además cuestionó que la detención de González, concretada el 21 de septiembre, fue irregular y además expresó que su asistido fue víctima de excesos y resultó salvajemente golpeado. “Ahora está mejor porque lo asistieron, le brindaron medicamentos e inyecciones”, expresó y pidió un cuarto intermedio para ofrecer como prueba varios registros de video en los que se observaban las maniobras desplegadas por el personal policial que intervino en el lugar.

El acusado tomó la palabra en varias ocasiones, inclusive interrumpiendo al juez y al fiscal, con argumentos y expresiones de diverso tenor, respaldó su posición y cuestionó duramente lo actuado por la fiscalía, la justicia en general y las decisiones políticas que no ayudan a la gente pobre.

Posteriormente la audiencia ingresó a un nuevo cuarto intermedio para que las partes puedan continuar analizando los planteos fiscales en torno al delito de instigación y en relación a las medidas cautelares que va a requerir el fiscal Soto.

Prisión preventiva

El fiscal Tomás Soto requirió la aplicación de una prisión preventiva de dos meses para González, señalando la existencia de riesgos procesales que puedan entorpecer la investigación y demorar el avance del proceso penal. 
Recordó antecedentes de González que lo obligaron a cumplir una pena de 23 años y un mes de prisión que agotó en 2019.
El planteo del fiscal, que adelantó una expectativa de pena de prisión efectiva, encontró respaldo en la parte querellante, representado por Miguel Domínguez, quien además requirió que en el caso de que se aplique la prisión preventiva de dos meses, se establezca la extensión de las medidas cautelares dispuestas anteriormente para el momento en que el acusado recupere su libertad.
La defensora oficial Blanca Alderete, lógicamente, pidió el rechazo de la petición de prisión preventiva.
El magistrado señaló que la fiscalía tiene un caso fuerte, con buena evidencia, que además está basado en un hecho que causó conmoción, por lo que sostener la prisión preventiva del acusado, para resguardar los riesgos procesales, permitiría garantizar que no haya influencia o manipulación en las evidencias que restan producir y consideró "razonable y proporcional" que permanezca detenido hasta el 21 de noviembre en el Penal 3 o en la dependencia que disponga el Servicio Penitenciario.