Hace exactamente un mes fue condenado a la pena de cinco años de prisión por un violento robo en una vivienda familiar en la que redujo y ató a una mujer y sus dos hijas. Justo el día que la condena quedó firme, pidió a través de su defensa la concesión de un arresto domiciliario, pero el juez se declaró incompetente y horas después lo trasladaron a una comisaría.

Jorge Ariel Quiñelén se declaró culpable en el marco de un acuerdo pleno de juicio abreviado y resultó condenado a la pena de cinco años de prisión por un robo ocurrido en 2018. El delincuente que lo acompañaba ya se había declarado culpable en otro juicio.

Quiñelén y Brian Pradena habían ingresado a una vivienda de calle Mitre al 1700 cuando caía la tarde del 4 de enero de 2018.

Rompieron el cerco perimetral del terreno y luego violentaron la puerta trasera de la vivienda, sorprendiendo a una mujer y a sus dos hijas, de 18 y 11 años de edad.

La acusación estableció que Pradena blandía un cuchillo que extrajo de entre sus ropas y amenazó a la mujer y a sus hijas, reclamando la entrega de dinero y objetos de valor.

Los asaltantes obligaron a las víctimas a encerrarse en un baño, les vendaron los ojos y ataron de pies y manos con un cable, mientras revisaban el domicilio en busca de elementos o dinero que integrara el botín. Según el relato de las damnificadas, regresaban al baño de modo frenético, para verificar que no se habían desatado.

Finalmente tomaron las llaves de una camioneta y se retiraron del domicilio. Varios minutos después de no escuchar más ruidos, las víctimas se desataron y concurrieron a un comercio cercano a pedir ayuda.

Como saldo de la situación descripta los asaltantes se llevaron unos mil pesos en efectivo, teléfonos celulares, las llaves de un vehículo, una computadora portátil y otros elementos, que en su mayoría fueron recuperados horas más tarde en casa de Quiñelén.

Los fiscales Tomás Soto y Gerardo Miranda presentaron la acusación que admitió Quiñelén, siguiendo el consejo de su defensor oficial, Nelson Vigueras. El tribunal, integrado por Marcos Burgos, Bernardo Campana y Gregor Joos, homologó el acuerdo y dictó la condena contra el sujeto.

Justo el día en que los plazos se agotaron y la condena quedó firme, el defensor público de Quiñelén se presentó en audiencia ante el juez Bernardo Campana para requerir que se otorgue a su asistido el arresto domiciliario, pero el magistrado rechazó la petición por considerarse incompetente para intervenir en la decisión, ya que de acuerdo a los plazos mencionados, el tratamiento del régimen de cumplimiento de pena ya corresponde al Juzgado de Ejecución Penal.