La fiscalía presentó cargos contra una cordobesa de 36 años a la que pretendía investigar por el delito de encubrimiento en relación a un hecho derivado de una estafa telefónica con idéntica modalidad a otros hechos conocidos recientemente. Sin embargo, el juez de Garantías Juan Martín Arroyo, consideró que el hecho atribuido se consumó en Córdoba y se declaró incompetente.

Vanessa Pereyra (36) fue acusada por el fiscal Gerardo Miranda por un hecho ocurrido el 21 de febrero de este año cuando recibió en su cuenta bancaria más de cien mil pesos que provenían de una estafa telefónica sufrida por un vecino de Bariloche y automáticamente realizó dos transferencias y dos extracciones por ventanilla, en Córdoba, consumando el delito de encubrimiento por receptación sospechosa agravado por el ánimo de lucro que perseguía la maniobra.

La fiscalía no encontró forma de acreditar que la mujer había participado de la maniobra de estafa, aunque aseguró que ella conocía el origen espurio del dinero y aun así, con ánimo de obtener un beneficio, lo retiró y transfirió rápidamente de su cuenta bancaria y lo usufructuó.

Según narró la fiscalía, horas antes de la secuencia descripta, un matrimonio barilochense había sido víctima de un engaño telefónico mediante el cual, supuestos empleados de la cadena de supermercados Coto, le habían dicho a los damnificados que habían resultado ganadores de un sorteo, pero que para poder obtener los premios correspondientes debían transmitir datos de su cuenta bancaria.

Lo que ocurrió en realidad es que con esos mismos datos suministrados por los damnificados, los autores del hecho generaron un crédito preaprobado en la entidad bancaria y poco después, extrajeron el dinero correspondiente al préstamo, como así también una suma de dinero que las víctimas tenían como saldo.

En su descripción de lo actuado, la fiscalía confió que había logrado en la previa un acuerdo entre las víctimas y otra sospechosa del hecho, identificada como Laura Ferreyra, también de Córdoba capital, por lo que no tenía interés en avanzar con el proceso contra esa mujer. Al mismo tiempo explicó que las gestiones para lograr un acuerdo entre Vanessa Pereyra y las víctimas, no arribaron a buen puerto.

Además, la fiscalía reclamó que se reprograme una audiencia de formulación de cargos contra otro sujeto identificado como Jorge Romero, también de Córdoba, que pese a haber sido notificado fehacientemente de la audiencia desarrollada vía virtual, no se conectó a la misma.

Tras escuchar la posición de la fiscalía y la defensa, el juez Juan Martín Arroyo se declaró incompetente para intervenir en la investigación, señalando que el hecho reprochado se había producido en Córdoba, extraña jurisdicción y que correspondía remitir las actuaciones al organismo judicial de Córdoba que corresponda, a los fines que estime corresponder.