Familia desesperada: Construyeron su casa hace nueve años en una toma y ahora podrían desalojarlos

“Lo que tenemos es gracias a mi mamá, que vive en Buenos Aires y tiene ochenta y siete años; no le quiero contar lo que pasa porque, si le digo, se muere”, afirmó Néstor García, acerca de la orden de desalojo del terreno en el que construyó su casa, en la zona de Villa Lago Gutiérrez, donde reside desde 2011, cuando se asentó con su familia, tras esperar en vano -durante años- una respuesta del área municipal de Tierra y Vivienda, en cuanto a la posibilidad de conseguir un lugar donde vivir. El dictamen de expulsión llegó tras años de disputas legales con un grupo empresario (Fracciones Lago Gutiérrez).

Cuando llegaron, el sitio estaba vacío. “Era todo monte, no había ni un hilo de alambre; tampoco un cartel que indicara que se trataba de una propiedad privada”, señaló Néstor, quien contó que, en un primer momento, se instalaron en una carpa, e incluso llevaron a un escribano, para que certificara que no existían construcciones ni indicación alguna.

Pronto armaron una casilla, mientras juntaban el material para edificar.

En 2010, durante tres meses, habían estado en una toma en el predio que se conoce como Quinta 51. Los desalojaron, aunque pronto tuvieron la posibilidad de regresar, pero, como existían reuniones en el barrio Virgen Misionera, donde se decía que había gente con mucha necesidad, prefirieron evitar conflictos con otras personas que se encontraban en situaciones similares a la suya, y desistieron de volver.
“Cuando llegamos acá, no sabíamos que el lugar tenía propietarios”, sostuvo Néstor.

La primera notificación les llegó en 2013. En 2015, comenzó el juicio.

García tiene artrosis y la columna desviada, además de encontrarse al borde de la diabetes. “Estuve cuatro años y medio a la espera de una pensión, pero me la denegaron porque, según ellos, me faltaba un tres por ciento de discapacidad”, narró.
El hombre, dada su problemática de salud, y los inconvenientes legales que surgieron en el sitio donde se instaló, decidió recurrir al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El delegado de la entidad de aquel momento, René Vázquez, pasó a ser su letrado.

Néstor siempre pensó que el abogado actuaba en nombre de la institución, pero hace poco recibió un llamado de la nueva delegada, Natalia Araya, quien le informó que no poseía ninguna información sobre el tema, ya que nunca se había procedido como organismo. “Supuestamente, lo hizo de gauchada”, señaló García, en cuanto a la labor de Vázquez, quien no le cobró por representarlo, lo que le hizo suponer que, justamente, se movía en nombre del INADI.

Néstor, más allá de que agradece que no le pidiera dinero, no parece contento con lo realizado por el letrado. Por un lado, destacó que nunca intentó una negociación con la otra parte, y, además, reveló que, durante el juicio, lo impulsó a mentir. “Me indicó que dijera que Alejandro Nahuelquín me había vendido el terreno en 2006, y que el boleto de compraventa había desaparecido en un obrador que se me prendió fuego, junto a otros papeles”. En 2019, el fallo instó a restituir el lote, medida que se apeló.

Hace unos días, se enteraron que otra vez se había fallado en su contra, con la consiguiente orden de desalojo.
“Estamos en un estado desesperante”, sostuvo Néstor, que durante años fue chofer, tanto de colectivos como de taxis y remises, pero ahora está desocupado. Su mujer, María Paillalef, es artesana, aunque la pandemia la alejó de sus labores.

García recordó que fueron otros ocupantes quienes les recomendaron asentarse allí, y que, en un primer momento, hubo reuniones de la junta vecinal, donde, al escuchar su situación, estuvieron de acuerdo en que se quedaran. “Lo único que nos pidieron es que hiciéramos una casa acorde con lo que es el lugar”, rememoró.

Fue así que, instalados en la casilla, comenzaron a construir, con la ayuda económica de Gregoria, mamá de García.
En la actualidad, el hogar no desentona con el resto del barrio.

María y Néstor manifestaron que pagan los impuestos, y que, incluso, hace un tiempo desembolsaron veinticinco mil pesos en Rentas, para conseguir el libre deuda que les permitiera acceder al gas. “Nuestro capital es lo que tenemos construido”, apuntó García. Justamente, en caso de efectuarse el desalojo, perderían todo lo edificado.

“La queremos pelear”, expuso, pero aclaró que eso no se relaciona con posibles acciones violentas, más allá de que, desde algunos sectores, les ofrecieron llevar gente para “ir al choque”.

“Nosotros no deseamos eso, no nos gusta la violencia”, sentenció. García añadió: “En esta zona de mil doscientas hectáreas, hay unas treinta y pico de familias asentadas. Algunas ya arreglaron, y otras se fueron”. En este caso vale aclarar que resulta obvio que no todos los que tomaron lotes son humildes o pasan necesidad. Esa gente que acordó tuvo que pagar cifras importantes.

Para quedarse tenían que pagar 30 mil dólares

Al matrimonio, tras el pedido de desalojo, le informaron que, para quedarse con el terreno, había que desembolsar dieciséis mil quinientos dólares “de golpe”, para luego completar, con nueve cuotas de mil quinientos, un total de treinta mil.

Claramente, alguien que supuestamente se asienta en una tierra que no le pertenece, a partir de una situación de carencia extrema, lejos está de poder abonar montos semejantes.

María y Néstor no pueden pagar, y ni siquiera saben cómo harán para cumplir con los honorarios del abogado de la parte ganadora, que, entre lo correspondiente a la primera instancia y a la apelación, superan los ocho mil dólares.
Con lágrimas en los ojos, en la puerta de su casa, Néstor recordó que, de no lograrse un acuerdo, deberán dejar esa casa antes de quince días, y suspiró: “Todos tenemos el derecho a un pedazo de tierra”.

Christian Masello - Foto: Facundo Pardo