Otorgaron diez días para desalojar predios municipales usurpados

El juez de Garantías Juan Martín Arroyo aceptó la formulación de cargos que realizó la fiscalía contra nueve personas y ordenó el desalojo de los lotes ubicados en un predio cercano a la Comisaría 42. Fueron acusados formalmente por el delito de usurpación.

Ante el juez de Garantías Juan Martin Arroyo, el fiscal Tomás Soto describió los hechos ocurridos el 2 de septiembre pasado en horas del mediodía, cuando los imputados en grupo, ingresaron al lote con la evidente finalidad de introducirse al inmueble a resguardo de ser descubiertos por sus cuidadores y/o personal policial que lo proteja. Invadieron luego el inmueble, los delimitaron con cables y alambres, comenzaron a prender fuego los pastizales con el fin de limpiar el lugar; lo cual se llevó a cabo por varios días. Finalmente colocaron carteles con las inscripciones de cada familia y señalando que los mismos se encontraban ocupados.

Con este accionar, los imputados habrían despojado del derecho real de posesión a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Negándose luego a irse del lugar y es allí donde también se materializó el acto violento de los imputados que no les dejaron opción a los poseedores ni a la Policía de Río Negro para evitar que éste acto se lleve a cabo, según apuntó la fiscalía.

Soto, al finalizar su formalización de la acusación, reclamó el desalojo del predio para hacer cesar el delito y evitar la consolidación de la ocupación ilegal.

Todos los imputados fueron representados por la defensora oficial Blanca Alderete, quien rechazó los cargos contra sus asistidos, considerando que no hubo despojo del derecho del municipio y apuntando que el terreno se encontraba baldío, sin delimitar ni cercar. Además señaló que tampoco existió violencia ni clandestinidad en el accionar de sus pupilos, tal como lo exige el código penal. Además, rechazó el planteo de desalojo señalando que no estaban dadas las condiciones para llevarlo a cabo.

Pero el juez Arroyo aceptó la formulación de cargos por el delito de usurpación por despojo. Entendió entre otros argumentos que no existió el abandono del bien, dado que existe un proyecto de urbanización en el lugar; demostrando la voluntad de poseer el bien y habilitó la investigación del hecho.

El magistrado otorgó un plazo de 4 meses para realizar la investigación preliminar y mencionó a las partes la posibilidad de que este plazo pueda arribarse a una solución del conflicto de acuerdo a lo normado en el código procesal de la provincia. En referencia a la medida cautelar de desalojo inmediato, requerida por la fiscalía por el peligro en la demora y que la situación presente se consolide; el magistrado hizo lugar a la misma.

Dispuso finalmente, un plazo de diez días, para que el desalojo se lleve a cabo voluntariamente con intervención de organismos del estado.

Mariano Colombo