COLUMNA ABIERTA 

Por Francisco González*

El nuevo Gobierno de Río Negro ha vuelto a dar muestras de su autoritarismo y falta total de respeto por los derechos de los trabajadores provinciales. A la pérdida de la estabilidad laboral, las constantes amenazas a los empleados que sienten sobre sus hombros la presión de llegar a perder el empleo y el maltrato al que algunos son sometidos, se suma ahora esta nueva medida “adiestradora” anunciada ayer por el propio gobernador Alberto Weretilneck de sancionar a quienes se plieguen a las protestas en contra de los ajustes de su gestión.

El mapa político y la realidad del Gobierno cambiaron rotundamente este último mes por los motivos que todos conocemos, pero lejos de aprovechar esta coyuntura para corregir algunas cuestiones, la nueva gestión ha ratificado las acciones y las políticas más duras puestas en marcha el 10 de diciembre.
Durante todos los años de Gobierno radical, se escucharon los múltiples reclamos del PJ y el Frente Grande “acompañando” a los trabajadores provinciales, pero ahora, desde el sillón que les dio el oficialismo, han demostrado todo lo contrario.

Con un verdadero terrorismo psicológico, han generado una suerte de estado de sitio en toda la Administración Pública, con constantes amenazas y pisoteos de derechos de los empleados. Pero además de ello, han demostrado un claro objetivo: ‘hacer pagar’ a todos aquellos trabajadores que han tenido alguna vinculación con el radicalismo. Una verdadera caza de brujas se ha desatado en estos dos meses, disfrazada detrás de la máscara de la ‘optimización’ de los recursos del Estado.

Hay una clara persecución hacia todos aquellos relacionados con los ex Gobiernos radicales, y en la búsqueda de cumplir ese objetivo no han dudado en enlodar a todos los trabajadores estatales, no solamente poniendo en duda su idoneidad, sino también generando hacia fuera la sensación que “son todos ñoquis”.

Pero no conforme con ello, y a pesar de seguir adelante con una norma inconstitucional como la Ley de Disponibilidad, que pasa por encima de lo normado en la Carta Magna Provincial, ahora el Poder Ejecutivo avanza directamente sobre el derecho de los trabajadores a manifestarse. El anuncio de ayer de Weretilneck respecto de las sanciones a quienes se plieguen a las protestas, no tiene otro objetivo que infundir aún más miedo entre los propios trabajadores que están luchando por su fuente laboral y la de miles de compañeros.

Creo que es hora que este Gobierno deje de atacar al recurso humano de la Administración Pública, ese sector que a pesar de los errores, siempre fue defendido y valorizado por la Concertación. (APP)

Vicepresidente Primero/Bloque de
Legisladores Concertación para el Desarrollo