Buscan salida alternativa en causa con tres menores involucrados  

En una causa en la que fueron acusados tres adolescentes por distribución de pornografía infantil, los involucrados buscan llegar a una salida alternativa. La familia de la víctima es la pieza clave. Dos jóvenes y una chica engañaron a otro menor, obtuvieron fotos y videos en escenas pornográficas y, luego, las divulgaron por redes entre el resto del alumnado que asistía al colegio.

Según la acusación realizada por el fiscal Tomás Soto, el hecho ocurrió entre el 5 y el 14 de junio de 2017, cuando dos chicos, de 16 y 17 años, crearon un grupo de Whatsapp e invitaron a otro adolescente de su escuela.

Posteriormente la acusada lo sedujo y lo convenció de intercambiar fotos y videos de contenido sexual, indicándole que luego ella haría lo propio. El menor engañado, por entonces de 13 años, accedió al pedido aunque, en lugar de recibir las imágenes que le habían prometido, fue expuesto ante el resto del alumnado, en una actitud traicionera de sus compañeros.

La acusación evaluó puntualmente que los tres acusados organizaron su maniobra previamente y se aprovecharon de cierto cuadro que padece la víctima, que le impide relacionarse socialmente de forma habitual, con el resto de los estudiantes.

La fiscalía atribuyó el delito previsto en el artículo 128 del Código Penal, que sanciona con penas de seis meses a cuatro años de prisión al que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho años, dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

En ese sentido, el fiscal Soto adelantó que, más allá de una salida alternativa al conflicto, la pretensión inicial de la Fiscalía era obtener la declaración de culpabilidad de los acusados y, en una etapa posterior, evaluar si correspondería aplicarles una pena no mayor a los tres años de prisión. Explicó además que la familia del niño afectado había prestado su conformidad para buscarle una solución definitiva al conflicto.

El caso había sido formalmente imputado el año pasado y, ahora, en el marco de una audiencia que presidió el juez Marcos Burgos, las partes se presentaron para pedir la suspensión de los plazos procesales, con el objeto de negociar una salida alternativa al conflicto. “La intención es buscar una respuesta que satisfaga todas las necesidades de todos los involucrados”, alertó uno de los defensores al tiempo que explicó que, en los próximos días, se producirá uno de los encuentros entre los involucrados.

La edad de los acusados y la del propio damnificado, impide la difusión de mayores precisiones sobre el caso, pues siguiendo los lineamientos previstos por las normativas vigentes de alcance nacional e internacional, prevalece siempre el derecho a la integridad de niños, niñas y adolescentes por sobre cualquier otro derecho y la revelación de otros aspectos contenidos en la acusación podría llevar a develar la identidad de los involucrados.