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EXPRESIONES TRAS LOS FALLOS DEL DÍA

04/12/2018

Llantos, gritos, dolor e impotencia en una jornada histórica

Llantos, gritos, dolor e impotencia en una jornada histórica
Llanto al escuchar la sentencia a los policías por los hechos ocurridos en junio de 2010.
E

ste martes la Justicia estuvo en el centro de la escena. El palacio judicial lució vallado y con una fuerte custodia policial, además de una importante cantidad de público y prensa. Pero la policía también estaba en la mira este martes, porque las dos sentencias leídas durante la jornada del martes involucraban plenamente a la Policía rionegrina y su accionar en distintos casos que causaron profunda conmoción.

Por ello las reacciones al término de las lecturas no sorprendieron. Gritos, insultos, llantos y dolor, amparados por una profunda sensación de impotencia, fueron el corolario de una jornada ciertamente histórica y extensa, que cerraron capítulos tras largos años de lucha y esperanza.

Y aunque los ojos estaban puestos en el accionar policial y las críticas e insultos, como así también los cánticos estaban dirigidos a los uniformados provinciales, fue el fiscal Martín Lozada quien les robó el protagonismo a los miembros de la fuerza.

Su actuación en el caso de “Coco” Garrido mereció un severo reproche de activistas y organizaciones de derechos humanos que presenciaron ambas audiencias. A viva voz lo acusaron de traicionar la causa y de “sacarse la careta”, favoreciendo la impunidad de los homicidas de Garrido al acusar y llevar a juicio a dos uniformados, pero no por la agresión y muerte, sino por negligencia. Lejos de la exposición pública que lo caracteriza, Lozada partió raudo por una puerta trasera de la sala y evitó la confrontación con los manifestantes, que entonces sí, dirigieron sus cantos contra la policía.

Por la mañana, tras la lectura de sentencia en el caso Cárdenas-Carrasco, entre llantos Carmen Curaqueo -madre de Nicolás Carrasco-, contó sus sensaciones ante la prensa: “bronca, desilusión y tristeza”, fue el coctel de sensaciones que expresó.

“A mí me arrebataron a mi hijo y no hay vuelta atrás, por más que haya cuatro años de efectiva” y añadió “Nosotros somos los que perdimos, por no estar en una situación económica en la que nos podamos defender, o sea que vienen y te pasan por arriba”. Agregó: “la Justicia tiene que ser para todos, no para los que no tenemos nada”.

Entre lágrimas cerró “A ellos le dan cuatro años y yo a mi hijo lo perdí para toda la vida. Me siento peor que cuando me mataron a mi hijo”.
Karina Riquelme, viuda de Cárdenas, evitó el diálogo con la prensa y pocos minutos después se retiró de los tribunales conduciendo su vehículo. Pese a que hubo varias preguntas, eligió no responder, aunque esbozó breves palabras de inconformismo.

Por su parte las abogadas querellantes Natalia Araya y Marina Schifrin, aceptaron dialogar con los periodistas tras la lectura del fallo. Ambas anticiparon que evaluarán la presentación de apelaciones al fallo, apuntando a diversos aspectos.

Remarcaron ciertas líneas del fallo como llamativas, como el haber colocado la responsabilidad por los hechos en los manifestantes y no en la policía, como así también en las absoluciones de Veroíza y Carrizo.

Schifrin advirtió “Podrían haber sido absueltos y no lo fueron, hay unas condenas que nos parecen insuficientes, pero no quedó en la nada” y agregó “Nos cerraron la posibilidad de investigar la muerte de Nicolás Carrasco, ese joven fue asesinado en una trama que tiene que ver con asesinar testigos del caso de Bonnefoi, no nos vamos a quedar con no saber quién lo mató, esa impunidad no la vamos a tolerar”.

Araya, por su parte, apuntó “tenemos un poco de justicia, después de ocho años, no son las penas que esperábamos pero por lo menos tenemos condenas”. Y añadió “no fue una riña, fue una agresión” y fustigó “la protesta social la generó la policía y la sentencia no lo deja ver de esa manera”.

Aunque no pudo ser confirmado fehacientemente, el resultado contrario a las pretensiones defensivas y las expectativas manifestadas antes del fallo unánime que firmaron los jueces, seguramente obligará también al defensor oficial Sebastián Arrondo, a apelar la sentencia recaída contra jefes y empleados policiales, por los hechos del 17 de junio de 2010.

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