Fiscalía pide condena, defensa absolución y la querella investigar si fue un asesinato

Este jueves culminó el juicio que se sigue a dos empleados policiales por su presunta responsabilidad en la muerte del joven Guillermo “Coco” Garrido. La fiscalía pidió condenarlos por homicidio culposo, la defensa la absolución y la parte querellante sostiene que Garrido no se suicidó, sino que fue asesinado y pidió la remisión de todas las actuaciones a la fiscalía para seguir investigando.

Los fiscales Martín Lozada y Francisco Arrien, consideraron probada la teoría que plantearon al inicio del juicio y que sostiene la responsabilidad de Laura Leiva y Emilio Oyarzún, dos policías instructores que tenían a su cargo a un grupo de agentes recién egresados de la Escuela de Policías y que hacían sus primeras armas en funciones dentro de la comisaría 12 de El Bolsón. Según la imputación, actuaron con negligencia al no supervisar acabadamente el trabajo de los nóveles policías, lo que permitió que “Coco” Garrido fuera encerrado en una celda sin que se le retire el cinturón de cuero que vestía y que a la postre, según la teoría fiscal, sirvió para que el sujeto tome la drástica decisión de colgarse de una reja y se quite la vida en el interior de un calabozo de la dependencia policial.

Para los fiscales, Leiva y Oyarzún deben ser declarados coautores del delito de homicidio culposo por su obrar negligente, dado que durante la sustanciación del proceso en su contra no se pudo demostrar la hipótesis más grave que señala la parte querellante y que establece que en realidad Garrido fue asesinado.

Marina Schifrin, en representación de la familia de la víctima, realizó un extenso alegato en el que descartó la hipótesis fiscal y requirió que se remitan las actuaciones a la fiscalía para que se investiguen los delitos de privación ilegítima de libertad, abuso de autoridad, tortura y homicidio de “Coco” Garrido, el encubrimiento de funcionarios públicos policiales, judiciales y médicos, como así también el incumplimiento de los deberes de funcionario públicos policiales, judiciales y médicos y finalmente se investigue la violación del secreto profesional en relación a una de las doctoras del hospital de El Bolsón que declaró durante el juicio. Además, dejó asentada la reserva de recurrir ante la justicia rionegrina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

En su larga alocución consideró que Garrido había sido ilegalmente detenido, que no se acreditó que estuviera en estado de ebriedad y consideró el hecho como un crimen de Estado. “Los crímenes de Estado son perfectos, porque los que investigan son los mismos que cometieron el hecho”, advirtió y en relación a la teoría del suicidio castigó “Es un montaje, no hubo investigación, no se agotaron los medios forenses” y señaló además que el hallazgo del cuerpo “fue una escena armada” y reforzó “no existió investigación del caso Garrido, fue la policía la que se autoinvestigó”.

Finalmente, las defensas a cargo de Marcos Cicciarello y Darío Barroero, pidieron la nulidad de la acusación fiscal por afectación al principio de congruencia y señalaron que no se había demostrado la responsabilidad achacada a sus asistidos en el hecho investigado y bregaron por la absolución de los dos imputados.

El tribunal que integran Sandro Martin, Gastón Pierroni y Gustavo Quelin, pasó a deliberar y fijó fecha para lectura del veredicto para el 4 de diciembre.

El hecho investigado ocurrió el 13 de enero de 2011. Guillermo “Coco” Garrido fue demorado por conducir en estado de ebriedad y protagonizar un siniestro vial. Poco después, aparecería sin vida, colgado con un cinturón atado a su cuello. Por ello, la fiscalía y la querella acusaron a Laura Leiva y Emilio Oyarzún, por un obrar negligente al no haberle retirado el elemento al detenido.