El Estado es responsable

“La APDH Regional Bariloche, a un año del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel en manos de las fuerzas represivas, en el intento de la comunidad Lafken Winkul Mapu de recuperar sus tierras ancestrales, denuncia que es clara la responsabilidad del Estado argentino en un hecho que ratifica una política represiva en contra del pueblo mapuche”, indica la gacetilla de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Indican que “esta política represiva sigue la línea histórica marcada por el genocidio de la Conquista del Desierto, que continúa, con la muerte de Santiago Maldonado en el marco de otro procedimiento represivo respaldando asimismo la acción de las fuerzas de seguridad con la doctrina ‘Chocobar’ típica de la doctrina de la Seguridad Nacional y expresión cabal de la Violencia Institucional”.

Asimismo consideran que “el invento de un enemigo interno -RAM- por parte del gobierno nacional pretende justificar la muerte de Rafael y a través del Poder Judicial intenta la impunidad del prefecto Pinto, cuya autoría del asesinato ha sido probada por las pericias efectuadas, ordenadas por el mismo Juzgado interviniente argumentado un enfrentamiento que a todas luces es inexistente con el secuestro únicamente de innumerables municiones utilizadas por los prefectos intervinientes y con la muerte de Rafa Nahuel”.

Explican en la nota que “la doble vara de la Justicia, perdonando al asesino de Rafael Nahuel y dictando la prisión preventiva sin excarcelación de Fausto Jones Huala y de Lautaro González quienes bajaron de la montaña a su compañero moribundo y, ordenando recientemente, su detención internacional a través de Interpol a la vez que se ordena nuevas pericias para volver a analizar la bala que matara a Rafael Nahuel, demuestra la falta de voluntad política de llegar a la Verdad y a la Justicia y de lograr la impunidad de las fuerzas de seguridad intervinientes”.

Dicen que “el procesamiento de los miembros de la comunidad por la recuperación de tierras en Villa Mascardi acusados de usurpación ratifica la escalada judicial como la falta de voluntad política del Estado de buscar una solución en el marco de la Mesa de Diálogo que se constituyó luego del asesinato de Rafa Nahuel”.

Por último señala la “APDH regional que a través de su cuerpo de abogados querella con los padres de Rafael Nahuel y, ha apelado la negativa del Juzgado Federal de considerar a la APDH Nacional querellante pese a que la muerte de Rafael Nahuel en el marco represivo indicado y en manos de las fuerzas de seguridad, es claramente una violación de los Derechos Humanos que la legitima para actuar, continuará luchando y movilizándose junto a los miembros de la comunidad, organizaciones políticas, sociales, gremiales y de derechos humanos haciendo vigente nuestra consigna de Memoria, Verdad y Justicia”.