Piden declarar la emergencia infraestructural en Bariloche: Última parte

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad de Bariloche en conjunto con Árbol de Pie emitieron un informe donde plantean la necesidad de declarar una emergencia infraestructural en Bariloche. Destacan que la ciudad está al borde del colapso y que se deben limitar los grandes proyectos.

La crisis de infraestructura también afecta a barrios “formales” que se quedan sin agua en verano (Las Victorias, El Frutillar), carecen de conexión a la red de gas (Villa Lago Gutiérrez, Reina Mora, Entre Cerros), padecen recurrentes cortes de energía eléctrica, como la zona del oeste, carecen de conexión a la red de cloacas y de pluviales lo que los hace proclives a inundaciones (gran parte de la Pampa de Huenuleo) por nombrar solo algunos ejemplos. Pero además, no alcanza con ampliar una planta o extender una red parcialmente, sin tener claro cuánto está faltando para cubrir la demanda existente fehacientemente, o cuánto crece anualmente dicha demanda.

En base a todo lo expuesto, desde el ODCB planteamos que se debe declarar la emergencia en infraestructuras, no para resolver la forma de un crecimiento desmedido y no planificado, algo reiterado siempre pero aquí dejado en evidencia, sino para definir en forma urgente medidas a tomar desde una comisión o entidad específica al respecto, donde intervengan no solo entes prestadores de servicios, gobierno y empresas, sino también vecinos, ONGs y los actores más afectados y de menores recursos. Exigiendo primero a las empresas a ofrecer abiertamente toda la información de costos, inversiones y desarrollos planificados. Dentro de la emergencia, se deberá reducir o limitar los grandes proyectos, se definirá quiénes y dónde serán los primeros beneficiados por la llegada del próximo gasoducto –sin dejar de lado vecinos que no han podido pagar proyectos o planos ante Camuzzi- además, de establecer claramente un programa que estudie la situación actual, a mediano y a largo plazo de la ciudad en relación a la energía, y otras infraestructuras o servicios. Se propone postergar, por el tiempo que se produzcan dichos estudios y procesos participativos, las construcciones de cierto tamaño -por ejemplo de más de 300m2- y los proyectos no habitacionales –por ejemplo industriales o comerciales- que demanden grandes cantidades de energía, para detener la maquinaria del crecimiento no planificado en Bariloche, a menos que demuestren ser 100% autosustentables. Suspender la recepción de todo proyecto de loteo y de PH correspondientes a fracciones superiores a 1ha, para evitar un crecimiento desmedido de nuevos espacios urbanos, que demandarían nuevos servicios e infraestructuras, siendo que aún existen muchos predios y loteos pendientes de ser usufructuados en su totalidad. Se plantea, preservar la posible identificación y ejecución de obras en zonas que sean ya servidas o ya habitadas, con prioridad para los barrios sociales (existentes o a ejecutar) según se requiera por la demanda actual; como también de los edificios relacionados con los servicios o infraestructuras pendientes, y que cumplan la demanda de los habitantes y barrios que lo requieran actualmente, a fin de mejorar su calidad de vida. Suspender el aumento de los servicios e infraestructuras a los vecinos, así como evitar el corte de los mismos hasta que se pueda superar la emergencia, incluyendo electricidad, gas, agua potable, cloacas, transporte público, recolección de residuos, etc. En cuanto al costo de las naftas, energía eléctrica y gas natural que deriva de una oferta externa a la ciudad, se deberá solicitar una subvención para la ciudad a fin de no aplicar los aumentos de nivel nacional en cualquiera de estos casos.

Se plantea generar en paralelo, durante este tiempo, un ámbito para definir qué construcciones no podrían ser autorizadas, con qué condicionantes o bajo qué circunstancias pueden desarrollarse sin problemas, estableciendo como debe ser un proyecto de autosustentabilidad en agua potable, cloacas, energía en iluminación y calefacción. Definiendo también, donde se pueda establecer el crecimiento de la ciudad, no solo medido por su infraestructura, sino por la posible capacidad de carga o umbral límite que se defina por ciertos parámetros o variables, científicas y técnicas. Considerando pautas ambientales, sociales y económicas, en forma igualmente proporcionales para dar un resultado sustentable a la ciudad en su conjunto, no aceptando propuestas de aumentar densidades urbanas o generar cambios y crecimientos urbanos, derivados de supuestos planes que no contemplaron en ningún momento esta crítica situación en forma detallada. Para los casos de construcciones autosustentables, no serán provistas por redes de gas natural, ni envasado, ni redes de electricidad urbana. Debiendo apelar por lo tanto, a energías alternativas y autoproducidas –ya que cualquier tipo de energía que ingrese a la ciudad debe primero cubrir la demanda de los residentes y obras ya existentes- en condiciones no contaminantes, y a costo del interesado sin subvención, ya que lo ideal sería que suspenda el proyecto hasta que la comunidad esté en condiciones de recibir dicha inversión, y destinar subsidios a la recomposición de infraestructuras y servicios faltantes en zonas ya habitadas.

Más allá de las causas que se expusieron para esta Emergencia Infraestructural, es de destacar que a nivel nacional existió un decreto de Emergencia Energética (Nº 134-2015) que se consideró superada en febrero de 2018. Pero, como se ve en Bariloche, el gobierno nacional no consideró los problemas locales o los gobiernos locales no informaron correctamente lo que aquí sucede. También a nivel de Provincia de Buenos Aires se aprobó la Ley 2.565 sobre Emergencia en Infraestructuras a nivel escolar en 2007, así que, no solo la infraestructura sino los edificios que brindan servicios pueden considerarse en crisis. Lo expuesto, demuestra que la declaración de emergencia en infraestructuras o energía fue una práctica que se ha usado en otras escalas y regiones de Argentina, aún cuando sean otras zonas geográficas. Pero, como ya se ha expuesto, no todas las ciudades del país tienen una tasa de crecimiento constante en edificación tan alta, y un interés empresario –con cierta complicidad gubernamental- que constantemente incita a aumentar el crecimiento y a generar megaproyectos en Bariloche, los que sin duda impulsarán mayores demandas de infraestructura por sobre lo que puede hoy ofrecerse localmente. Algo que no se soluciona justificando inversiones en algunas zonas, ya que en el caso de la energía no es algo que se genere localmente, se requiere de grandes inversiones fuera de la ciudad, que llevarían varios años para ser finalizadas, y poder así revertir la situación antes descripta de crisis que nos ha llevado a la actual “Emergencia en Infraestructuras y Servicios”, sobre todo en energía.

Es destacable que, los posibles efectos positivos como generación de empleo y ofertas de tierras para fines sociales, o similares propuestas, no resolverían luego un posible exceso sobre los límites de la demanda en infraestructuras de distinto tipo en esta ciudad. Ya que posteriormente, se podría verificar condiciones de cortes de luz, de baja presión de gas natural, de insuficiente provisión de gas envasado o muy costoso. Tampoco es razonable habilitar que se diezmen los bosques protegidos para abastecer la calefacción que puede tener otras alternativas más sustentables. Pero la mirada del derrame por efecto de la inversión, podría dejar al resto de la comunidad al borde de una posible crisis humanitaria, ya no una emergencia, que podría llegarse a resolver en pocos años, y esta comunidad -que reside mucho antes que la llegada de nuevas inversiones- tienen derecho a poder vivir dignamente y no de improvisaciones o promesas. La posibilidad de una crisis humanitaria, no es una exageración, ya que si no hay una información clara respecto a cuanta energía se consume hoy para iluminación y calefacción en la ciudad, si no se sabe cuánto se provee entre gas natural, envasado y eléctrico, y ya se han recibido notas de empresas proveedoras -como el caso citado de la CEB- en el sentido de los límites que existen en el uso de electricidad para la calefacción, entonces, no se puede seguir dudando de los riesgos que corremos. El segundo gasoducto, además de no tener una fecha asegurada se considera que no cubriría toda la demanda que va a existir en los próximos dos o tres años. Es decir, si bien puede que tengamos tiempo de dos a tres años para llegar al colapso, no podemos seguir esperando ya que la solución puede demorar más de cinco o diez años. ¿Qué haremos en tres años cuando aún no llegue un tercer gasoducto o una segunda línea de alta tensión?

Esperemos no tener que llegar a responder esa pregunta, para ello es urgente declarar la Emergencia Infraestructural, evidencia de que nunca se ha planificado la ciudad como tantas veces hemos denunciados distintas organizaciones sociales, y que pensar solo en cómo aumentar las edificaciones, más loteos, nuevos parámetros no son para nada la solución.

Suspender ordenanzas

Deberían suspenderse cualquier presentación de ordenanzas que analicen planes o cambios del código urbanos para el oeste, hasta que no se genere los espacios de investigación, generación de información pública necesaria y diálogo multilateral que asegure un futuro sustentable y socialmente justo. Al menos, hasta que se considere superada la etapa de riesgos, que tal vez dure unos diez años, y este tiempo debería aprovecharse para estudiar la situación en infraestructuras por el grupo citado en la nota central, y para que se obtengan fondos a tal fin. Sin olvidar que se debería repensar la ciudad, con un objetivo cierto y claro, respondiendo primero ¿Qué tipo de ciudad queremos y podemos tener? Y no ¿Cómo crecemos más a cualquier precio? Pero eso podríamos definirlo con más tranquilidad sin la espada de Damocles sobre las cabezas de todo el pueblo de Bariloche, que nos amenaza sin discriminación de clases sociales.