Judiciales
08/11/2018

La querella por Cárdenas pidió penas de entre ocho y seis años de prisión    

La querella por Cárdenas pidió penas de entre ocho y seis años de prisión      
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as abogadas Natalia Araya y Julieta Blanco, en representación de Karina Riquelme, viuda de Sergio Cárdenas, reclamaron condenas para todos los policías acusados, a excepción de Fidel Veroiza, quien cumplía funciones como segundo jefe de la Unidad Regional Tercera. Sus alegatos fueron contundentes. El fiscal Martín Lozada comenzó este jueves a señalar su teoría del caso y va en la misma tónica. Un cuarto intermedio interrumpió la audiencia cuando Lozada le cedía la palabra a su colega Eduardo Fernández, quien culminará el alegato este viernes.

La abogada querellante Natalia Araya y su socia Julieta Blanco, representantes de la familia de Sergio Cárdenas, dieron por acreditada la acusación contra siete de los ocho policías imputados por los hechos ocurridos aquel trágico 17 de junio de 2010. En ese sentido destacaron que Víctor Pil, Marcos Epuñan y Víctor Sobarzo integraron el grupo de cinco o seis policías que dispararon contra un grupo de manifestantes en la calle Sobral, casi en su intersección con Elordi, y ocasionaron la muerte de Sergio Cárdenas y lesiones a otras siete personas. Pidieron que los tres sean condenados a la pena de ocho años de prisión y el doble de inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos, bajo la figura de homicidio en agresión, calificado por el uso de armas de fuego.

En este marco, remarcaron que el accionar de ellos tres y de tantos otros efectivos policiales que actuaron de forma desmedida y desorganizada, obedeció a la falta de cumplimiento de deberes en que incurrieron Jorge Carrizo (exjefe de la comisaría 28), Jorge Villanova (exjefe de la Policía de Río Negro), Argentino Hermosa (exjefe de la Regional Tercera) y Víctor Cufré (exsecretario de Seguridad). Para ellos, las abogadas reclamaron una pena de seis años de prisión y el doble de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, bajo el cargo de homicidio culposo e incumplimiento deberes de funcionario público.

En cambio, las letradas no acusaron a Fidel Veroiza, quien por entonces se desempeñaba como segundo jefe de la Unidad Regional Tercera, y argumentaron que no buscaban la condena por la condena misma, sino que su trabajo se había centrado en la obtención de la verdad y la justicia. En ese sentido remarcaron que formalmente Hermosa nunca le cedió el mando a Veroiza cuando abandonó Bariloche para dirigirse hacia El Bolsón a mantener un encuentro previamente agendado junto a otros funcionarios políticos y policiales.

En su larga alocución señalaron las letradas que, durante los ocho años que tardó en llegar el juicio, el expediente transitó dilaciones, chicanas, pedidos y ocultamientos, que tornaron difícil la llegada de la verdad y definieron que aquella trágica jornada se centró básicamente en lo que definieron como “violencia institucional”, explicándola como “una práctica estructurada de funcionarios públicos para con los ciudadanos”. Con todo esto, se valieron de la declaración de un médico forense para graficar:  “tuvimos suertes de no tener más muertos” y remarcaron que todos los testigos que declararon evaluaron que ese día podía pasar algo grave, “menos los jefes policiales que vieron todo tranquilo y se fueron a El Bolsón”, fustigaron.

Luego detallaron que aquella jornada no comenzó con una “protesta social” sino que “la protesta social la generó la policía por su accionar” y resumieron que “el BORA disuadió y repelió pero la policía reprimió”, destacando una de las primeras imágenes registradas en video que muestra a un grupo de unos 20 uniformados que salieron “disparando desde adentro de la Comisaría 28, sin tener visión de lo que estaba ocurriendo”. Enfatizaron además en el estado de descontrol policial, apuntando que “el personal puso en riesgo su vida, eran un peligro para ellos mismos”. Usando una ácida ironía, Araya describió: “hasta un perro murió ese día herido en un balcón y no se estaba manifestando”.

También cuestionaron la actividad desplegada en El Bolsón por los jefes policiales y remarcaron que finalizaron su jornada comiendo un asado en un restaurante de esa localidad, haciendo referencia a que en Bariloche el operativo careció de “proporcionalidad, necesidad y racionalidad”. Ya finalizando, mencionaron el hecho de que la reacción vecinal no puso en riesgo la integridad física de los policías y, en ese sentido, destacaron que “muchas lesiones se ocasionaron por la espalda”, preguntándose: “¿cómo corre riesgo de vida un policía ante un manifestante de espalda y a 30 o 40 metros?”.

KARINA RIQUELME

“Hasta acá llegué”

Mientras se producían los alegatos de la querella en el interior del edificio Pilmayquen, en la calle se montó una radio abierta para acompañar a los familiares de las víctimas. En un breve cuarto intermedio dispuesto por el tribunal, Karina Riquelme tomó un micrófono y agradeció el acompañamiento durante todo este tiempo.

“Me emociono porque veo a mis hijos ahí”, explicó con un hilo de voz y trató de seguir “Todo esto es por ustedes, los amo. Ahora depende de ustedes, yo hasta acá llegué”.

Por un instante Karina Riquelme perdió la fuerza que la sostuvo todo este tiempo y debió dejar el micrófono para que otras personas tomaran la palabra en la calle, bajo un radiante sol que contrastó rotundamente con el gris y el frío de aquel 17 de junio de 2010, cuando una bala policial acabó con la vida de Sergio Cárdenas.

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