Editorial
04/11/2018

La importancia de la unanimidad en la modificación de la Ley de Salud Mental

N

o se desconoce que la Provincia de Río Negro ha sido pionera en la creación de una Ley de Salud Mental que sirvió como ejemplo en otras regiones de Argentina. La desmanicomialización que se produjo en todo el territorio rionegrino sin duda fue un avance importante en cuanto al tratamiento, sin encierro, de los pacientes. 

Distintos especialistas señalaron que los manicomios siempre fueron considerados un depósito de seres humanos, común a todas las instituciones, en donde existen, entre otras cuestiones, padecimientos, diagramas, protocolos, diseños, metodologías, relaciones, etc., que son “eficaces” en hacer persistir tal característica nefasta.

La Ley en Río Negro no se creó solo con la idea de cerrar el Hospital Público en cuanto a dicha especialidad ni para dejar en la calle a las personas internadas o a los trabajadores de la salud sin sus puestos de trabajo. Tampoco fue un plan para privatizar la atención de la salud pública, ni medicar, ni es encerrar, ni segregar, ni ejercer violencia física, psíquica ni química, no es depositar a las personas, no es abandonar ni desamparar.

Según el C.A.E.R. (Colectivo de Arte y Expresión en Romero) desmanicomializar es dignificar la atención de la salud mental; es transformar el vínculo entre el profesional y la persona internada; es implementar internaciones cortas en hospitales generales o centros de salud mental; es dignificar el trabajo de todos los trabajadores del hospital; es procurar la atención ambulatoria, domiciliaria; es recuperar los lazos familiares y sociales de los internados; es garantizar la vivienda (propia y/o familiar o a través de hogares sustitutos, casas de medio camino, cooperativas de viviendas u otras alternativas, etcétera); es garantizar el trabajo de los internados (mantenimiento de la relación laboral; creación de cooperativas, bolsas de trabajo, microemprendimientos y otros); es mejorar la utilización y distribución de los recursos económicos; es brindar más información, apoyo y contención a las familias; es convertir el “manicomio” en un hospital general con un área de salud mental; es buscar nuevas alternativas de tratamiento; es ejercer el derecho a consensuar un tratamiento adecuado.

Ahora bien, en la última sesión legislativa del Parlamento rionegrino, desarrollada el jueves último, fue modificada la Ley Provincial Nº 2.440 de Salud Mental. La norma, que fue señera en cuanto a la intervención estatal en el tratamiento de los padecimientos de salud mental en toda Latinoamérica, se actualiza así modificando artículos y creando el Órgano de Revisión, que será el encargado de supervisar su implementación y funcionamiento.

Pero la aprobación en primera vuelta es producto de un logro aún mayor, aquel que reunió a legisladores de diversa extracción política, referentes del Poder Ejecutivo y miembros del Poder Judicial en un trabajo consensuado en pos de lograr la reivindicación de derechos. Se llega así a la consolidación de una política de Estado, ya que todas las personas son susceptibles de tener a lo largo de su vida, algún tipo de padecimiento mental.

En abril de este año, el procurador general Jorge Crespo recibió, junto a la jueza del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini y quien en ese momento se desempeñaba como defensora general, Rita Custet, a representantes de diversos poderes del Estado con quienes avanzaron en la necesidad de la creación del Órgano de Revisión de salud mental, que se concretará con la aprobación de esta ley.

Cabe recordar que éste, es un cuerpo integrado por referentes de las carteras de Salud, Derechos Humanos, el Ministerio Público, las asociaciones de usuarios y familiares. Lo componen además profesionales y otros trabajadores de la salud y organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los Derechos Humanos. Su principal función es evaluar y supervisar las condiciones de los tratamientos, las internaciones en el ámbito público y privado, controlar derivaciones, requerir la intervención judicial, controlar el cumplimiento de la ley y velar por el cumplimiento de los derechos de las personas.

Crespo, valoró ese encuentro, uno de los primeros que impulsó desde la Procuración General, celebrando el alcance que tiene esta ley para la reivindicación de derechos humanos. “Lo que votaron los legisladores, es la posibilidad de brindarle más derechos a personas que transitan una situación de mayor vulnerabilidad, derechos que protegemos y por cuyo respeto trabajamos fuertemente desde la Defensa Pública”.

Con la creación del Órgano de Revisión, los agentes judiciales contarán con un órgano de consulta que garantizará el cumplimiento de los estándares de debido proceso establecido por las convenciones de Derechos Humanos internacionales. Por ello, destacó Crespo, era necesario que el mismo funcione en un ámbito independiente, entendiendo que el más indicado es la Defensoría del Pueblo.

“Lo que se ha logrado aquí es sumar nuevos avances en el marco de una ley que ya ubicó hace años a nuestra provincia a la vanguardia de las políticas públicas, gracias a la labor de muchos de los mismos legisladores que hoy defendieron este proyecto, del doctor Cohen y, hoy además, debemos destacar el consenso responsable de los tres Poderes del Estado”.

Eso fue justamente lo que se votó -precisó-, la intersectorialidad. El trabajo desde diversas ciencias que refuerza el concepto de desmanicomialización, que no es otro que el de mirar estos padecimientos como una suma de factores que incluyen a la salud, pero que especialmente atraviesan aspectos sociales.

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