Ocho policías imputados por vejaciones y lesiones

Ocho efectivos de la Policía de Río Negro fueron imputados por un hecho ocurrido el 1º de junio de 2016, luego de un procedimiento en el que se detuvo a un grupo de personas que resultaron salvajemente golpeadas. Habrá cuatro meses para investigar el hecho que fue encuadrado en las figuras de vejaciones en acto de servicio y lesiones leves agravadas por abuso de funciones.

La jueza Romina Martini aceptó la formulación de cargos que realizó el fiscal adjunto César Lanfranchi y concedió un plazo de cuatro meses para desarrollar la etapa de investigación preparatoria del caso.

La fiscalía atribuyó a los ocho uniformados diversos comportamientos que constituyeron los delitos de vejaciones y lesiones leves. Los imputados son Cristian Barría, Cristian Castañeda, Diego Catriel, Hugo Contreras, Segundo Fernández, Eladio Hermosilla, Javier Nieva y Pablo Salinas, todos efectivos de las comisarías Segunda y 28 de la ciudad.

Según la acusación, el día del hecho, alrededor de la medianoche, en la intersección de las calles 20 de Febrero y Güemes, Fernández bajó abruptamente del interior de un automóvil Volkswagen Gol a Víctor Ismael Ojeda, lo roció con gas pimienta y lo golpeó en diversas partes del cuerpo tras tomarlo del cabello. Luego lo subió de manera violenta a un móvil policial que lo trasladaría hasta la comisaría Segunda.

En el mismo escenario, Barría fue imputado por actuar de manera similar con Martín Ojeda, hermano de Víctor y acompañante en el rodado.

Castañeda, Barría, Catriel, Hermosilla, Salinas y Nieva, por su parte, se encontraban en el interior de la comisaría Segunda y le propinaron una tremenda golpiza a Ojeda en el interior del calabozo en el que fue alojado.

Mientras que Contreras, fue acusado por un comportamiento similar en el interior de los calabozos respecto del tercer individuo detenido en el procedimiento, Ezequiel Puchy.

En la audiencia participaron los defensores particulares Estanislao Cazaux y Marcos Miguel, Ana Sosa y Miguel Reto, Rodolfo Rodrigo y María Rodrigo y la defensora oficial adjunta Paola Del Río, representando los intereses de los distintos acusados, mientras que también intervino en representación de las víctimas, la querellante Marina Schifrin.

Tras la acusación de la fiscalía y el aval de la querella, la jueza de Garantías Romina Martini rechazó algunos planteos defensivos y dio curso a la formulación de cargos, habilitando un período formal de cuatro meses para la etapa preparatoria del caso.