19 años después Zúñiga, Cortés, Goye y Carcar fueron sobreseidos

Fueron condenados en abril de 2014 por hechos ocurridos en 1999. Los cuatro dirigentes sindicales y políticos Ovidio Zúñiga, Walter Cortés, Omar Goye y Walter Carcar pasaron un año tras las rejas y fueron liberados. Ahora un fallo Judicial los sobreseyó definitivamente por “violación al plazo razonable”, que indica que nadie puede permanecer sometido a proceso más allá de un tiempo razonable, lo que no quiere decir que hayan sido inocentes.

Según se determinó en abril de 2014, Zúñiga, Cortés y Carcar, además de Goye y Gonzalo Madrazo, habían realizado diversas maniobras para desviar subsidios que le otorgó el Estado nacional a la Asociación Regional Bariloche de Obras Sociales (ARBOS) y destinarlo a empresas fantasmas que ellos mismos habían creado poco tiempo antes.

Zúniga, Cortés y Carcar integraban en directorio del Policlínico, mientras Goye oficiaba de contador y Madrazo de abogado. Así, pergeñaron toda una estrategia y desviaron un subsidio de 185.000 pesos (equivalentes a la misma cantidad de dólares). El dinero estaba destinado a pagarle a la empresa fantasma “Fox Valey” para realizar una auditoría. Había sido poco antes creada y era presidida por Cortés y Carcar, aunque luego el dinero pasó a una cuenta particular de Madrazo.

El segundo hecho también ocurrió en el año 1999. En esa ocasión obtuvieron otro subsidio del mismo organismo nacional que dependía del Ministerio de Salud y Acción Social de Nación por 3 millones de pesos (equivalentes a la misma cantidad de dólares). El dinero era supuestamente para costear una auditoría arquitectónica que realizaría la firma “Surtsey SA”. Había sido recientemente creada y era dirigida por Goye y Madrazo y el dinero acabó en una cuenta particular de este último.

En la sentencia, se determinó que “Surtsey” y “Fox Valey”, no tenían trayectoria, ni movimientos comerciales, ni infraestructura como para realizar tarea alguna. Y además de imponerles la pena de cuatro años de prisión a los dirigentes, les impuso la obligación de abonar 45 mil pesos a cada uno en compensación por los daños ocasionados y los inhabilitó para ejercer funciones públicas, sindicales y profesionales. Pero como una muestra cabal de cómo fue el accionar de la Justicia en el proceso que les siguió a los nombrados, la lectura de sentencia se realizó más de dos horas después del horario que se había fijado con antelación.

De manera ridícula, también, el Tribunal Oral Federal de Roca mandó el expediente al tribunal de origen, para que investigue la actuación de personal del Ministerio de Salud y Acción Social, que habían actuado presuntamente en connivencia con los condenados. Si, quince años después tres jueces descubrieron lo que nunca antes ningún funcionario judicial había pensado en investigar, una pata interna en la administración pública nacional que permitió el accionar delictivo de los entonces condenados.

Poco tiempo después el fallo fue confirmado y se ordenó la detención de los involucrados, que se concretó y fueron trasladados a la Colonia Penal de Esquel, en la que permanecieron detenidos cerca de un año.

Tras una serie de apelaciones la defensa acudió con un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su resolución incorporó el criterio del plazo razonable. Obligatoriamente debieron confirmarlo desde la Cámara Federal de Casación Penal conformada por los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Diego Barroteveña, quienes determinaron el sobreseimiento definitivo de los acusados, aunque sin la expresa mención de que el proceso no afectó el buen nombre y honor del que hubieren gozado, como en otro tipo de sobreseimientos se estila.

Un viejo dicho popular dice que la Justicia cuando es lenta no es Justicia. Para muestra basta un botón.