La Legislatura analizó iniciativa de cupo laboral de personas trans en la administración pública

La comisión de Asuntos Sociales que preside la legisladora Marta Milesi, analizó y aprobó ayer establecer un cupo del uno por ciento de personas trans, que reúnan las condiciones de idoneidad que establece la legislación vigente, para que puedan acceder a cargos de la administración pública. Tres iniciativas se unificaron en un único proyecto de Promoción del Empleo Formal para Personas Trans en los Ámbitos Públicos. El proyecto acordado lleva las firmas de los legisladores Facundo López, Tania Lastra, Alejandro Palmieri, Graciela Valdebenito, Marcelo Mango, Carina Pita y Jorge Vallazza.

Para participar de esta instancia de la reunión asistieron integrantes de la comunidad trans en representación de movimientos de diversidad sexual que ratificaron ante los legisladores la necesidad de reconocimiento de sus derechos igualitarios y celebraron el tratamiento de estos proyectos.

Destacaron que la provincia de Río Negro fue la segunda en el país que sancionó la ley de identidad de géneros. Expresaron la necesidad de integrar laboralmente al Estado y a las actividades económicas formales “sin discriminaciones ni estigmatizaciones”, así como contar con atención sanitaria que les permita superar el promedio de vida de ese sector que en su mayoría “no sobrepasa los 35 o 40 años”, así como la posibilidad de “morir con dignidad”.

La presidente de la Comisión aseguró a los representantes presentes en la reunión que esta legislación “será tratada en la próxima sesión legislativa” y que de resultar aprobada pasará para su sanción en segunda vuelta parlamentaria en la brevedad que permitan los plazos legislativos.

Despidos en Sitrajur y en Télam 

En otro sentido, el secretario general de Sitrajur Pablo Barreno, asistió a la reunión de Sociales para presentar un proyecto de ley de Protección del Empleo Público, propuesta que el gremio llevó a la Legislatura motivado por el despido de varios empleados en el Poder Judicial. Barreno criticó la actitud de los jueces que tomaron esa decisión a la que tildó de “antidemocrática”, entre otros conceptos de fuerte contenido político.

También se hicieron presentes dos de los empleados de la Agencia Nacional de Noticias Télam para reclamar por cuatro despidos ocurridos en la corresponsalía local. Javier Merlo, perjudicado por esta situación laboral se constituyó en el vocero de sus compañeros despedidos señalando que “la corresponsalía está cerrada desde hace dos meses, ya no emite noticias desde Viedma” y pidió que la Legislatura intervenga por la reincorporación del plantel que integraba la agencia.

También bregó porque “los legisladores medien para que no se cierre la agencia de Bariloche”, y acusó al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, de haber tomado la decisión de cerrar las corresponsalías”con el pretexto de “una sobredimensión empresarial”. Señaló también que desde el 26 de junio pasado “son ya 357 las personas despedidas” recientemente en Télam y “3.000 en los últimos tres años”.