La justicia barilochense deberá investigar dos presuntas estafas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación debió resolver a quién correspondía investigar dos presuntas estafas denunciadas por un barilochense y por una mujer bonaerense. 

En un caso la disputa era con un Juzgado de Control de La Pampa y en el otro con un Juzgado de Garantías de Moreno, provincia de Buenos Aires. Ambos hechos serán investigados en Bariloche.

El primer conflicto por la competencia para investigar un supuesto delito tuvo como protagonistas a un Juzgado de Garantías de nuestra ciudad y el Juzgado de Control de Santa Rosa, La Pampa, ya que ninguno de los dos aceptaba investigar la denuncia realizada por un vecino barilochense contra el propietario del corralón de materiales de Santa Rosa.

Según la denuncia, en agosto de 2017 el vecino de nuestra ciudad realizó dos depósitos bancarios en una sucursal barilochense de la calle San Martín, a la cuenta del titular de un corralón de materiales de la provincia de La Pampa, por la compra de numerosas bolsas de cemento y otros enseres para la construcción.

A pesar de que el dinero fue acreditado en la cuenta y que el ciudadano barilochense acompañó por vía electrónica los tickets correspondientes a tales depósitos, transcurridos varios días no recibió el material adquirido, que según las constancias del expediente, ni siquiera fue enviado. Por ello realizó una denuncia penal al entender que había sido víctima de una maniobra delictiva.

Pero el juez de Bariloche que intervino declinó su competencia a favor de la justicia pampeana, al entender que el presunto delito había ocurrido en Santa Rosa donde se encuentra la sede del corralón y, además, se recibió el pago. Sin embargo el magistrado de La Pampa rechazó esa asignación con fundamento en que no se vislumbraba la comisión de ningún hecho delictivo.

El trámite derivó en un incidente que fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que se corrió el traslado correspondiente al Procurador General para que exprese la posición del Ministerio Público Fiscal.

Así, la resolución de procuración indicó que “tanto el lugar donde se desarrolla el ardid propio de la estafa como aquél en que se verifica la disposición patrimonial constitutiva del perjuicio, han de ser tenidos en cuenta a los fines de establecer la competencia, la que en definitiva debe resolverse conforme a razones de economía procesal” y agregó que “el denunciante manifestó que realizó los depósitos en la sucursal de un banco privado de Bariloche, tal como dan cuenta los comprobantes bancarios agregados”.

De tal manera apuntó que correspondía “declarar la competencia del Juzgado de Garantías de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, que previno, en cuya jurisdicción se domicilia el denunciante y desde donde entabló comunicación y recibió mensajes del imputado por correo electrónico”.

Siguiendo esa línea argumental, los jueces de la Corte Suprema de Justicia dieron la competencia al Juzgado de Garantías de Bariloche, que deberá investigar si la maniobra denunciada constituyó delito alguno y en ese caso, determinar quien fue el autor responsable del mismo.

El segundo de los hechos ocurrió a la inversa, aunque de igual modo será investigado en Bariloche, en donde se trabó el conflicto por la competencia entre el por entonces Juzgado de Instrucción 4 y el Juzgado de Garantías 1 del departamento judicial de Moreno, General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

La contienda negativa de competencia se inició a partir de la denuncia de una mujer por la presunta comisión del delito de estafa. Según explicitó ante las autoridades, a través de la red social Facebook contactó a dos hombres que le ofrecieron viviendas en alquiler en Bariloche. La negociación se completó a través de mensajes de whatsapp y cuando arribaron a un acuerdo depositó el precio convenido en una sucursal del Banco Nación de la localidad de General Rodríguez.

Al llegar a Barilche la dueña de la propiedad le manifestó que desconocía esa operación, que ella no había recibido ningún dinero y que otras personas habrían sido víctimas del mismo suceso.

Pero el Juzgado local desestimó la competencia y derivó el trámite de la causa a Buenos Aires señalando que la operación comercial se produjo allí. Pero su par bonaerense no aceptó el planteo al considerar que si bien la disposición patrimonial habría sido realizada en su territorio, todas las maniobras fraudulentas tuvieron lugar en jurisdicción del declinante donde también habrían ocurrido hechos similares y se domiciliarían los imputados, la damnificada y los testigos.

Este caso también fue elevado en un incidente por competencia a la Corte Suprema, que resolvió siguiendo la línea argumental de la Procuración, que debía investigarse en Bariloche.

Se basó el Procurador en la doctrina de la Corte que establece que la estafa se estima cometida en todos aquellos ámbitos territoriales en los que se ha realizado alguna parte de la acción típica, y para discernir la competencia debe estarse a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una más eficaz investigación, mayor economía procesal y mejor defensa de los imputados.

En ese sentido y teniendo en cuenta, además, la posible comisión de otros hechos similares, consideró que es el magistrado de Bariloche debía continuar con esta investigación, en cuyo territorio se domiciliarían las personas que podrían resultar implicadas en las maniobras denunciadas y la inmobiliaria a través de la cual operarían y se encuentra la propiedad utilizada para cometer la presunta defraudación”.