Imputaron a una mujer por atropellar a otra con el auto

El juez de Garantías Juan Martín Arroyo, dejó habilitada la instancia de investigación contra una mujer de 35 años a la que atribuyeron el delito de lesiones graves culposas, derivadas de un siniestro vial ocurrido en mayo de 2017.

De acuerdo a la acusación que realizó la fiscal Alejandra Bartolomé, el hecho se produjo en horas de la mañana del 5 de mayo del año pasado, en la intersección de Avenida Gallardo y Villegas, cuando la mujer conducía un Ford Ka en dirección Este-Oeste y embistió a una mujer que cruzaba la calle en compañía de un menor de edad.

Como consecuencia del siniestro, la mujer atropellada sufrió una luxofractura de tobillo izquierdo que fue catalogada como lesión de carácter grave, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente.

Según la fiscalía, la conductora, Angela Irene Martínez, manejaba de manera imprudente y antirreglamentaria, toda vez que no tenía carnet de conducir y circulaba a una velocidad de 45,38 kilómetros por hora, excediendo lo establecido por la ley para una encrucijada.

La fiscalía reclamó un plazo de cuatro meses para completar la investigación, aunque adelantó que trabajarán el caso para intentar darle un cierre a través de un método alternativo para resolver el conflicto. De hecho, remarcó que ya hubo un intento por establecer un acuerdo, aunque hasta el momento no se logró el consenso de las partes.

La imputada escuchó la acusación en su contra y manifestó que el hecho no se produjo tal como lo describió la fiscalía. Advirtió que el día del hecho circulaba de forma correcta y se sorprendió ante la salida intempestiva de la mujer, por entremedio de dos automóviles y detrás de un árbol y lejos de la encrucijada de las calles mencionadas.

Su abogado, el defensor oficial Marcos Cicciarello, confirmó la versión apuntando que ante la intervención policial que se dio apenas unos minutos después del siniestro, la mujer había dicho exactamente lo mismo de manera espontánea.

En ese sentido no objetó la formulación de cargos y acompañó el pedido para que se otorgue el máximo plazo posible para realizar la investigación. Ante la coincidencia, el juez de Garantías Juan Martín Arroyo concedió el plazo requerido y habilitó formalmente la investigación.