Dictamen legal del Concejo cuestiona la Iniciativa Popular

Se trata de un trabajo no vinculante que ahora deberá ser analizado por los miembros del Concejo Deliberante. Se espera que, por mayoría, los ediles rechacen la idea vecinal.

La abogada del cuerpo legislativo municipal, Julieta Rocha, hizo un pormenorizado análisis de la propuesta de los vecinos autoconvocados en contra de la prórroga de la concesión del cerro Catedral hasta el año 2056.

Allí, la letrada realizó varias consideraciones, de la iniciativa que juntó 3.354 firmas y que sigue en campaña, donde se plantea suspender la ordenanza sancionada en doble lectura, por el oficialismo municipal.

Esa suspensión, Rocha la entiende “abstracta”, por haberse aprobado el pasado viernes 6 de abril y ya ha sido promulgada, cuando el proyecto vecinal requiere la suspensión del tratamiento.

El dictamen recuerda que la Carta Orgánica permite que el electorado, ejerciendo el Derecho de Iniciativa Popular, tiene la facultad de solicitar al Concejo Municipal la sanción o derogación de ordenanzas o resoluciones sobre cualquier asunto de competencia municipal, siempre que no importe la reforma de esta Carta Orgánica, la derogación de tasas, derechos, aranceles, contribuciones o gravámenes, o disponga la ejecución de gastos no previstos en el presupuesto, sin arbitrar los recursos correspondientes a su atención.

Y que prohíbe cualquier otro tipo de contratación que no sea la derivada de un proceso de licitación pública nacional e internacional y que tenga por finalidad conceder o extender concesiones sobre el área cerro Catedral, el centro de esquí o los medios de elevación.

Sin embargo, la letrada entiende que, “la propuesta de iniciativa popular en estudio colisiona con la manda del art. 161º de la COM, por cuanto su aprobación implicaría la abrogación de la Ordenanza 2929-CM-18, que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el contrato de prórroga y readecuación de la concesión Centro de Deportes Invernales ‘Dr. Antonio Lynch’ del Cerro Catedral, el cual prevé en su cláusula undécima la modificación progresiva del canon único anual”.

Por otra parte, respecto de la propuesta del proyecto normativo que persigue dejar sin efecto las resoluciones de Intendencia y acta de intención suscripta entre la Municipalidad y CAPSA, “se advierte que el Concejo Municipal no es competente en virtud del principio constitucional republicano de división de poderes, plasmado en nuestra Carta Orgánica”.

Por otra parte, Rocha consideró que el proyecto de ordenanza vecinal “no especifica concretamente las normas vigentes que abroga o modifica, ni contiene todos los datos y conceptos necesarios para su cabal interpretación independiente”. Aunque reconoce que hay 3.354 firmas certificadas, tal cual han descripto los impulsores de la propuesta contraria a la del gobierno.

Agrega la profesional, que el proyecto de ordenanza vecinal difiere en su descripción sintética, del enunciado de la planilla donde la gente ha firmado. “En consecuencia, se desconoce si los firmantes de las planillas presentadas conocieron y acordaron en un todo con el proyecto normativo efectivamente presentado”, opinó.

En el articulado del proyecto vecinal, hay errores, según Rocha, de técnica legislativa. Aunque habrá que ver qué definen los concejales, considerando que los ciudadanos no tienen por qué conocer los reglamentos internos del Deliberante.