Imputaron a un policía por disparar y herir de gravedad a un joven

Un efectivo de la Policía de Río Negro fue imputado este lunes por el delito de lesiones graves e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

Le atribuyeron haber actuado sin observar los protocolos al efectuar disparos para dispersar tumultos en el marco de un allanamiento y haber provocado la pérdida de un ojo a un joven.

El 17 de julio de 2016 personal de la Policía de Río Negro concretaba una orden de allanamiento que había dictado el por entonces juez de Instrucción Bernardo Campana, en un domicilio ubicado en calle John O´Connor al 900. El procedimiento se desarrolló de manera agitada y previendo que algo pudiera ocurrir, los uniformados habían concurrido al lugar con fuerte custodia para asegurar su desarrollo.

Así, mientras se generaron algunos tumultos, el efectivo José Basilio Kobryn (29) oriundo de Ingeniero Jacobacci, portando una escopeta con munición anti-tumultos, realizó disparos sin tomar las precauciones que ordenan los protocolos de actuación, según apuntó el fiscal Guillermo Lista.

Según indicó el representante del Ministerio Público Fiscal, Kobryn -que por entonces se desempeñaba en la comisaría Segunda del Centro Cívico-, disparó al rostro al joven Matías Velázquez, logrando que una de las postas de goma impacte de lleno en el ojo del sujeto.

Lista señaló que Kobryn actuó sin haber observado los reglamentos y protocolos de actuación que establecen que los disparos se deben efectuar con un rebote, ocasionando la pérdida total de visión de la víctima, quien además en el futuro deberá implantarse una prótesis porque su globo ocular quedó severamente dañado.

El agente policial fue acusado por los delitos de lesiones graves e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación fiscal fue acompañada por la abogada querellante Natalia Araya.

En tanto el defensor oficial Juan Pablo Laurence, al igual que el propio acusado, no mostraron objeciones a la formulación de cargos aunque admitieron que el hecho había ocurrido de una forma distinta a la señalada por la acusación, por lo que requirieron cuatro meses de plazo para la investigación preliminar, con el objeto de reunir material probatorio que permita sostener su teoría del caso.

El juez de Garantías Juan Martín Arroyo, aceptó la formulación de cargos y ante la oposición de la parte acusatoria al plazo requerido por la defensa manifestó: “Me consta que al Ministerio Público de la Defensa no le sobra personal. Hoy son dos defensores y a fin de no menoscabar la actividad defensiva voy a otorgar cuatro meses, plazo que es exiguo y razonable, además de ser el que establece la ley”.