Defensa insiste en beneficio de “probation” para empleados municipales

El defensor particular Gustavo Morlacci insistió este miércoles en la petición de suspensión del juicio a prueba contra los nueve empleados municipales que están imputados por atentar y perturbar el orden de las sesiones del Concejo Municipal, en virtud de los hechos ocurridos el 11 de diciembre de 2015. Este miércoles realizó planteos ante el tribunal de impugnación, solicitando se revoque lo dispuesto oportunamente por un juez de Garantías y otro de Control. Fiscalía y querella quieren llevar el caso a juicio oral y público.

Los jueces que integran el tribunal de Impugnación de Río Negro, Miguel Ángel Cardela, Adrián Zimerman y Mario Altuna, se establecieron en Bariloche esta semana para dar tratamiento a diversos planteos de impugnación que están pendientes de resolución en el marco de un puñado de causas penales en trámite.

Uno de los casos es el que involucra a nueve empleados municipales que están acusados por los hechos ocurridos durante una sesión del Concejo Municipal, en la que se dio tratamiento y finalmente se extendió la emergencia económica en la ciudad. Según la acusación durante toda la duración de la sesión, gritaron, insultaron, silbaron, agraviaron a los concejales y los intimidaban para que no aprueben la ordenanza, incitando a la violencia y provocando varias interrupciones a la sesión.

Finalmente, después del mediodía y cuando la ordenanza ya había sido aprobada, los imputados molestos y disconformes con la aprobación de la misma, de manera agresiva impedían la salida de los concejales del recinto, a la vez que procedieron a romper vasos de vidrio, platos y demás objetos que se encontraban sobre la mesa de sesión, arrojándolos en contra de los concejales, provocándole heridas a varios de ellos.

La suspensión de juicio a prueba ya había sido requerida por Morlacci con anterioridad, aunque la férrea oposición del fiscal Guillermo Lista y la querellante Mercedes Lasmartres, impidió al juez de Garantías Bernardo Campana y al juez de Control Gregor Joos -que intervino en segunda instancia-, aplicar ese mecanismo alternativo para dar cierre al caso.

En concreto, el ofrecimiento defensivo implicaba el pago de mil pesos por cada uno de los acusados en concepto de reparación de los daños causados, además de abrir la posibilidad para discutir caso por caso, la aplicación de tareas comunitarias y demás condiciones para la concesión del beneficio.

El fiscal Lista, explicó que su pretensión como representante del Ministerio Público Fiscal es que el caso sea profundamente dilucidado en el marco de una audiencia oral y pública de juicio y resuelta mediante una sentencia, remarcando que en el hecho investigado se atacó seriamente a una institución de la democracia, que causó una enorme conmoción pública.

Mientras que la defensa repitió planteos anteriores en el sentido de que el fin último de un proceso penal es procurar la paz social y la solución al conflicto, remarcó afectaciones al derecho de defensa y calificó la actividad procesal como defectuosa.

La resolución de los planteos defensivos se dará a conocer en las próximas semanas.