Misiles “bonitos” contra el derecho internacional

Consistieron en el bombardeo de sitios que los agresores escogieron estratégicamente ante la presunción de que Siria mantiene un arsenal de armas químicas. Más allá de las afirmaciones de las autoridades estadounidenses, francesas y británicas, sus acciones constituyeron una clara y abierta violación a la Carta de las Naciones Unidas en sus disposiciones relativas al uso de la fuerza.

En la órbita del derecho internacional público, ninguna norma autoriza su aplicación en represalia a actos que se cometieran en el territorio de otro Estado contra su población. Tampoco en respuesta ante sospechas de tenencia o de uso de armas de destrucción masiva por parte de un Estado que esté inmerso en un conflicto interno, como es el caso de Siria. Al momento de redactar estas líneas, ninguna investigación pudo establecer la identidad de los responsables que causaron la explosión de sustancias químicas en Duma el 7 de abril último. Tampoco se conoce su origen. Es más, el equipo técnico que Naciones Unidas envió a Siria llegó el mismo día en que Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña bombardearon jurisdicción del país árabe.

Hay excepciones a la prohibición para el uso de la fuerza militar por parte de uno o varios Estados contra otro, según la propia Carta de las Naciones Unidas: el artículo 51 prevé la figura de la legítima defensa y un mecanismo de notificación muy preciso para aquellas partes que justifiquen acciones militares en este marco. La otra excepción se relaciona con las acciones militares colectivas que cuenten con autorización del Consejo de Seguridad, al amparo del Capítulo VII de la Carta.

Quiere decir que no hay ninguna otra figura legal en vigencia que justifique el uso de la fuerza contra un Estado. La palabrería estadounidense es precisamente eso: la noción de “legítima defensa preventiva” o de “legítima defensa anticipada” que idearon los asesores legales del Departamento de Estado después del 11 de septiembre del 2001 para justificar acciones armadas en diversos puntos del planeta, no guarda ningún punto de contacto ni con la letra ni con el espíritu del artículo 51. La funesta acción militar que emprendió Estados Unidos contra Irak desde marzo de 2003 se concretó en un marco de violación al derecho internacional.

La invocación de la legítima defensa para justificar acciones militares en territorio sirio sin contar con el consentimiento de sus autoridades en la lucha contra el terrorismo, fue objeto de fuertes críticas: en julio de 2016, un manifiesto que firmaron más de 200 especialistas en derecho internacional de las más diversas latitudes, denunció el carácter abusivo de esa invocación.

Finalmente, el argumento que más se escuchó en las últimas horas habló de una operación que se basó en consideraciones “humanitarias”, calificación que hizo suya sobre todo la diplomacia británica. A esta altura del asunto, no hace falta ser especialista en derecho internacional para saber que cuando se habla de cuestiones humanitarias, es porque faltan argumentos válidos y creíbles desde la perspectiva jurídica.

En la sesión que se realizó el último 10 de abril, en el Consejo de Seguridad se presentaron tres proyectos de resolución que buscaban investigar el origen del estallido que había tenido lugar en Duma tres días antes, al igual que la identidad exacta de quienes la generaron. Pero Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña responsabilizaron directamente a las fuerzas armadas sirias, sin contar con los aportes de investigación en situ alguna. Rusia y precisamente Siria denunciaron la maniobra, como pretexto para justificar ante la opinión pública una acción militar.

La moción estadounidense- franco- británica cosechó el veto de Rusia y la abstención de China, aunque logró 12 votos a favor. Las otras dos propuestas, ambas de autoría rusa, no consiguieron la cantidad de votos necesaria. El jueves anterior al ataque comenzó a circular una propuesta sueca sumamente razonable, que tampoco interesó a la coalición que al día siguiente, concretó los bombardeos.

Hay muchas dudas sobre quiénes pueden tener interés en endosar sin mayor prueba ni investigación a las autoridades de Siria el uso de armas químicas. En 2013, unos pocos medios de prensa se interesaron en correos electrónicos filtrados que mencionaban un plan secreto de la administración estadounidense anterior en ese sentido. Tres años después, otro informe hizo ver que el ISIS es una entidad no estatal que también posee armas químicas y que las usa tanto en Siria como en Irak. La premura de Estados Unidos y sus aliados, tanto en este caso como en anteriores, es muy sospechosa. Además de matar gente inocente, ultima a la legalidad internacional.