Es la distribución del Ingreso Nacional la que está en juego

Si se tomara el dato de manera anualizada, superaría la evolución que se registró en 2017 cuando recordemos, la pauta que previó el gobierno para 2018 era del 15 por ciento. Sí, hay que usar el pretérito… Que la inflación durante el año en curso vaya a fijarse en esa magnitud es del todo inverosímil.

Como si no tuviera responsabilidad alguna en el asunto, la conducción económica del país observa con el ceño fruncido que durante abril el resultado desesperanzador volverá a repetirse, porque los servicios públicos experimentarán nuevas alzas, gracias a la política -difícil de entender en este contexto- del Ministerio de Energía. No obstante, los economistas alertan sobre la así llamada “inflación núcleo”, es decir, la que provocan los precios que no están sujetos a regulación.

Para los sectores populares, es preocupante la evolución del rubro Alimentación, pero también aporta nubarrones la Vivienda, no solo por la suba de los alquileres sino también pero el aumento que se generalizó en los inmuebles a raíz de la política de créditos hipotecarios que instrumentó el gobierno nacional. Otro tanto sucede con los medicamentos… De manera que si se hace un cóctel en el que entren el transporte, la electricidad, el gas y otros servicios públicos, el resultado será explosivo.

El propósito para abril es igual de tenebroso y no faltan quienes avizoran que solo en el primer semestre, se alcanzará la meta que el BCRA había previsto para la totalidad del año. Desde el gobierno, ya se maneja la hipótesis de un resultado final que supere el 20 por ciento, pero los analistas barajan un incremento cercano al 25 por ciento, es decir, similar al que se registró en 2017.

Frente al curso de los acontecimientos, las declaraciones de algunos de los más encumbrados funcionarios nacionales carecen de toda seriedad. Una vez más, la historia de 2016 se repite, pero en esta oportunidad no con relación al comportamiento del PBI, sino en materia inflacionaria: hay que esperar al segundo semestre. Mientras, la población de menores ingresos suma padecimiento tras padecimiento.

Quienes menos herramientas tienen para mantener a raya la inflación son aquellos que no tienen posibilidades de defender el poder adquisitivo de sus salarios, jubilaciones o subsidios a través de planes sociales. Al sufrir deterioros en la capacidad de compra, las restricciones al consumo afectan al comercio y por último en la cadena, a la producción que abastece las redes de distribución de bienes y servicios.

Como contrapartida, aquellos cuyos ingresos provienen de ganancias empresarias al ser propietarios de medios de producción o cambio, siempre tienen la oportunidad de incrementar los precios de los bienes o servicios que ofertan en el mercado de consumo. Pero está claro que, en la coyuntura actual, no todos están en condiciones de poner en práctica esas medidas. Es el caso de los servicios “des-regulados”, léase verdulerías, locales de barrio, peluquerías y demás, cuya evolución se relaciona íntimamente con la capacidad de pago de sus clientelas. O con el lugar que ocupan en la cadena de valor de la producción - distribución.

En los grandes centros comerciales se nota la menor capacidad de compra de sus consumidores. Es el caso de una gran cadena de supermercados que, de paso, aprovechó la oportunidad para reestructurar las relaciones laborales, modificar el convenio colectivo de trabajo que rige en el sector y afectar a la baja la remuneración de sus trabajadores y trabajadoras, acentuando el ciclo regresivo.

Para aquellos y aquellas que viven de su fuerza de trabajo, sean activos o pasivos, estén actualmente empleados o desempleados, insertos en el mercado o no, el dilema pasa por las maneras de adecuar sus gastos a la mengua de los ingresos. Políticamente, la conflictividad social se explica por la reacción colectiva de los asalariados, cuando salen a mantener la porción de la renta nacional que con la persistencia de la inflación, se traslada hacia otros sectores.

Los dos -el empresarial y el asalariado- tributan al Estado. Traslación que genera otro momento en la distribución del Ingreso Nacional, a través del gasto público. Por ejemplo, en dirección a la salud, la educación o a la infraestructura… Nunca la política económica es neutral desde esta perspectiva, porque el ingreso a distribuir es objeto de disputa. No por nada es voluntad del gobierno y de los sectores empresariales actualizar las remuneraciones del sector asalariado en no más del 15 por ciento. Son tiempos de competencia por la distribución del Ingreso Nacional, en sus dos facetas.