Catedral: oficialismo y oposición enfrentados por los estudios de impacto ambiental

Este lunes volvió a reunirse la comisión tripartita (Turismo, Gobierno y Legales y Economía), que aborda la propuesta del intendente Gustavo Gennuso de extender la concesión de la empresa Catedral Alta Patagonia (CAPSA) hasta el año 2056.

Allí, el bloque de Juntos Somos Bariloche (JSB) informó que se han incorporado al expediente, diversas documentaciones requeridas a la concesionaria: copia de la personería jurídica, estatuto y libre deuda con el municipio, por lo que se certificó que CAPSA no le debe nada a la Comuna. 

Por otro lado y luego de las observaciones hechas en el dictamen de la asesora letrada del Concejo Deliberante, el propio oficialismo informó que se están analizando modificaciones de forma y técnica legislativa con el objetivo de lograr un proyecto con menos artículos y con un solo anexo, por lo que finalmente lo que se someterá a votación no será un acta acuerdo, sino darle la autorización al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir un convenio de readecuación contractual, con anexos.

También se aclaró que en dicha propuesta se ratificará que la Municipalidad de Bariloche tiene el poder concedente de la montaña, se confirma al EAMCEC como autoridad de aplicación y se dejará afuera del convenio el aporte de 5 millones de pesos destinado a la terminación de dos gimnasios, por considerar que ya existen dos normas que regulan ese aporte (Padrinazgos y Responsabilidad Social Empresaria).

Sin embargo, el debate entre los bloques que están a favor y en contra del proyecto, se dio por los estudios de impacto ambiental. La oposición (FPV) sostiene e insiste en que son necesarios antes de aprobar la propuesta que incluye obras de infraestructura en la montaña por 22 millones de dólares que comenzarían en el mes de octubre de este año. Mientras que el oficialismo (JSB) comprende que si bien se requieren, deben presentarse uno por uno, no ahora, sino cuando vaya a realizarse cada una de esas obras.

El concejal Daniel Natapof sostuvo que aún falta información respecto de los informes pedidos a áreas técnicas y que con esas ausencias, no puede continuar el debate e incluso, la audiencia pública del 12 de marzo, por considerar que la gente irá a opinar de un tema del cual no tiene todas las precisiones. También recordó que el acta acuerdo tenía fecha de vencimiento el 1º de marzo, que ya caducó y exigió que se realicen los estudios de impacto ambiental que, según él, las ordenanzas vigentes requieren.

La edil de JSB, Claudia Contreras, respondió que se remitieron consultas ante Bosques de la Provincia, el DPA, EAMCEC, Medio Ambiente, Hacienda y Parques Nacionales, por lo que esperan que esta semana estén esos informes sobre la mesa. También aguardan el dictamen de la Comisión de Transacciones y que la empresa presente una nota donde indique que está prorrogada la fecha de vigencia del acta acuerdo.

Mientras que su par Andrés Martínez Infante, reforzó los dichos de Contreras y explicó que según el criterio que ellos aplican, los estudios de impacto ambiental no se necesitan ahora, sino “cada uno por separado en su momento, por lo que ahora sólo un estudio de base ambiental” es suficiente.

La concejala Ana Marks (FPV) se mostró sorprendida: “no puedo creer que hablemos de interpretaciones, cuando la normativa habla claramente de que se necesita un estudio de impacto ambiental, por eso me pregunto por qué no se da cumplimiento a la Ordenanza 217. Esto no se trata de perspectivas. Nosotros pedimos que se hagan los estudios y que podamos discutir con claridad”.