Rechazaron suspensión de juicio a prueba contra empleados municipales

 Por Mariano Colombo
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Aunque tiempo atrás ocho empleados municipales e integrantes del gremio Soyem habían sido imputados en una audiencia de formulación de cargos para adecuar las actuaciones judiciales al nuevo marco normativo de procedimientos de la provincia de Río Negro, uno de los imputados no se había presentado y debió ser declarado en rebeldía y decretarse su captura. Se trata de Cristian Catriman, quien se puso a disposición de la Justicia y ya no será detenido.

Ayer, el fiscal Lista le atribuyó los mismos hechos delictivos que al resto de los imputados, en una audiencia que presidió el juez de Garantías Bernardo Campana y de la que participaron también la abogada Mercedes Lasmartres en carácter de apoderada de la parte querellante por la Concejal Cristina Painefil, el defensor Gustavo Morlacci y los acusados.

Se les atribuye a los acusados con diferentes grados de responsabilidad, los hechos ocurridos en ese día a partir de las 09:00 horas en el Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche, cuando se llevó a cabo una sesión extraordinaria para dar tratamiento a la ordenanza de emergencia económica. En esa ocasión los imputados, en casi todo el tiempo que duró la sesión gritaban, silbaban, proferían insultos, agravios verbales, incitaban a la violencia, e intimidaban a los concejales para que no aprueben la ordenanza, circunstancias que llevó en más de una oportunidad a interrumpir la sesión, obstaculizándose el normal desenvolvimiento del acto.

Alrededor de las 12:40 horas cuando la ordenanza ya había sido aprobada, los imputados molestos y disconformes con la aprobación de la misma, de manera agresiva impedían la salida de los concejales del recinto, a la vez que procedieron a romper vasos de vidrio, platos y demás objetos que se encontraban sobre la mesa de sesión, arrojándolos en contra de los concejales.

Situación que se mantuvo por unos diez minutos en los cuales los concejales sufrieron diversas agresiones, hasta que lograron refugiarse en una oficina del Concejo para resguardarse.

Los hechos descriptos encuadran en los artículos 45, 54, 237, 238 inciso segundo y tercero en función del artículo 77 y 241 Código Penal; atentar y perturbar el orden de las sesiones del Concejo Municipal, a fin de impedir que los ediles, en su carácter de funcionarios públicos (cumplan con un acto propio de sus funciones). Todo ello mediando intimidación, fuerza y poniendo manos en la autoridad, por haberlo cometido más de tres personas en calidad de empleados públicos.

El defensor particular cuestionó la acusación y por el tiempo transcurrido requirió el sobreseimiento definitivo de Catriman, quien al no ser imputado junto al resto del grupo en noviembre pasado, resultó beneficiado luego de que el juez Campana aceptara sobreseerlo parcialmente por prescripción de la acción penal.

La medida fue apelada por la fiscalía y la querella pero el juez la ratificó, abriendo una instancia de impugnación.

Posteriormente el defensor Morlacci ofreció la suspensión del juicio a prueba para la totalidad de los acusados, ofreciendo mil pesos cada uno en concepto de reparación de los daños causados, además de abrir la posibilidad para discutir caso por caso, la aplicación de tareas comunitarias y demás condiciones para la concesión del beneficio.

La propuesta fue fundadamente rechazada por el fiscal Lista y por la querella a cargo de Lasmartres, por lo que ante la oposición el juez Campana la rechazó, haciendo mención que si ello no hubiese ocurrido, tampoco habría aceptado conceder el beneficio ya que consideraba exiguo el monto de reparación ofrecido.

La negativa del magistrado fue cuestionada por la defensa quien planteó la revocatoria de la decisión, pero el magistrado la confirmó y se abrió también en ese caso, una instancia de impugnación ante otro magistrado.