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“Probation” en caso de hurto en el aeropuerto
La fiscal Alejandra Bartolomé de la Unidad Fiscal de Gestión Rápida y Flagrancia formuló cargos a una mujer por el delito de hurto, por un hecho ocurrido en el Aeropuerto de nuestra ciudad.
Se le atribuyen a la mujer los hechos sucedidos este 26 de diciembre a la hora 15:40 aproximadamente, en el sector del control de Senasa del Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria. En esas circunstancias, la imputada luego de arribar a la ciudad en un vuelo y al pasar el mencionado control, aprovechó que la víctima oriunda de Puerto Rico, se retiró de ese sector olvidándose una mochila que contenía dólares, otros objetos de valor y un estuche de plástico tipo sobre con documentación referente a reservas hoteleras, excursiones, vuelos.
La mujer se apoderó ilegítimamente tanto de la mochila como de los elementos en su interior, sin fuerza física en las cosas ni en las personas. Posteriormente la colocó entre su propio equipaje y se alejó del lugar hacia el sector de los baños, para retirarse del aeropuerto minutos después.
Los elementos pudieron ser recuperados el 27 de diciembre al efectuarse un allanamiento por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el domicilio donde reside temporalmente la imputada. Todo lo descripto constituye el delito de hurto simple en calidad de autora de acuerdo a lo normado en el artículo 162 del Código Penal.
En la mañana de este viernes le fueron entregadas en dependencias del Ministerio Público Fiscal la totalidad de las cosas sustraídas a los denunciantes; antes de emprender el viaje a su lugar de origen.
La fiscal Bartolomé sostuvo dicha formulación de cargos con diversa documentación tales como acta de procedimiento realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, imágenes extraídas de cámaras de seguridad del aeropuerto, diligencias de allanamiento, entre otros.
La imputada acudió a la audiencia acompañada por el defensor oficial Juan Pablo Laurence e hizo uso del derecho a no declarar. El letrado en función del artículo 14 del Código Procesal Penal que sostiene "se procurará la solución al conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, requirió se suspenda la persecución penal a cambio del cumplimiento de determinadas pautas de conducta y el aporte de un monto económico destinado a una institución pública. Todo ello considerando la edad de la imputada, la falta de antecedentes, su cuadro de salud y la opinión de quienes resultaron perjudicados por este hecho".
El juez de Garantías Marcos Burgos dió por formulados los cargos e impuso la suspensión del juicio a prueba por el término de un año ante la falta de objecciones de la fiscalía. Asimismo resolvió las pautas de conducta que deberá cumplir en este término y la forma de control de las mismas.
