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Imputaron a ocho municipales por los disturbios en sesión del Concejo
El Fiscal Guillermo Lista formuló cargos a ocho personas por el delito de atentar y perturbar el orden de las sesiones del Concejo Municipal, en virtud de los hechos ocurridos el 11 de diciembre de 2015. Esta audiencia se realizó a pedido del Ministerio Público Fiscal para adecuar las actuaciones al nuevo marco normativo de procedimientos de la provincia de Río Negro.
La abogada Mercedes Lasmartres en carácter de apoderada de la parte querellante por la Concejal Cristina Painefil adhirió a los términos de la fiscalía y destacó que "si bien los delitos se cometieron el el año 2015 y bajo otro Código Procesal, existen actuaciones previas que fueron ratificadas en la cámara".
Se les atribuye a los acusados con diferentes grados de responsabilidad, los hechos ocurrido en ese día a partir de las 09,00 horas en el Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche, cuando se llevó a cabo una sesión extraordinaria para dar tratamiento a la ordenanza de emergencia económica. En esa ocasión los imputados, en casi todo el tiempo que duró la sesión gritaban, silbaban, proferían insultos, agravios verbales, incitaban a la violencia, e intimidaban a los concejales para que no aprueben la ordenanza, circunstancias que llevó en más de una oportunidad a interrumpir la sesión, obstaculizándose el normal desenvolvimiento del acto.
Alrededor de las 12,40 horas cuando la ordenanza ya había sido aprobada, los imputados molestos y disconformes con la aprobación de la ordenanza, de manera agresiva impedían la salida de los concejales del recinto, a la vez que procedieron a romper vasos de vidrio, platos y demás objetos que se encontraban sobre la mesa de sesión, arrojándolos en contra de los concejales.
Situación que se mantuvo por unos diez minutos en los cuales los concejales sufrieron diversas agresiones, hasta que lograron refugiarse en una oficina del Concejo para resguardarse.
Los hechos descriptos encuadran en los artículos 45, 54, 237, 238 inciso segundo y tercero en función del artículo 77 y 241 Código Penal; atentar y perturbar el orden de las sesiones del Concejo Municipal, a fin de impedir que los ediles, en su carácter de funcionarios públicos (cumplan con un acto propio de sus funciones). Todo ello mediando intimidación, fuerza y poniendo manos en la autoridad, por haberlo cometido más de tres personas en calidad de empleados públicos.
El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo dicha acusación con certificados e informe médicos del cuerpo médico forense, acta de inspección, tomas fotográficas del personal del Gabinete de Criminalística, material fílmico aportado por medios de comunicación locales, entre otros.
La defensa particular de los imputados a cargo de Gustavo Morlachi solicitó el plazo máximo previsto para la realización de la investigación dada la cantidad de personas imputadas y la prueba detallada en la audiencia. Requirió además que al imputado que no asistió a la audiencia se le conceda un plazo de 24 horas para presentarse en sede judicial de manera voluntaria.
El Juez de garantías Bernardo Campana dió por formulados los cargos y otorgó el plazo máximo de 4 meses para realizar la investigación. (Prensa Ministerio Público Bariloche)
