Tres adolescentes imputados por divulgar fotos y videos sexuales de otro menor

Por Mariano Colombo
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Según la acusación realizada por el agente fiscal Martín Govetto, el hecho ocurrió entre el 5 y el 14 de junio de este año, cuando dos chicos, de 16 y 17 años, crearon un grupo de Whatsapp e invitaron a otro adolescente de su escuela. Posteriormente una chica lo sedujo, le habló de amor y le requirió que le envíe fotos y videos de contenido sexual, indicándole que luego ella haría lo propio.

Así fue como el damnificado accedió a los pedidos y envió fotografías y videos de sus genitales, que rápidamente fueron divulgados a través de diversas redes sociales, fundamentalmente ante el resto del alumnado de la escuela a la que asisten.

La fiscalía atribuyó el delito previsto en el artículo 128 del Código Penal, que sanciona con penas de seis meses a cuatro años de prisión al que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho años, dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

El defensor de Menores Javier Ospital, el defensor oficial Marcos Cicciarello y el defensor particular Hugo Juan de Díos, cuestionaron la acusación de la fiscalía y pidieron el rechazo a la formulación de cargos, señalando entre otros conceptos que resultaba llamativa la acusación penal por un hecho que en la institución educativa a la que asisten, fue resuelto en instancias administrativas y además cuestionaron ciertas vaguedades en la acusación.

Por ello, el fiscal Govetto explicó que actuaba en representación de la víctima y sus padres, quienes habían manifestado expresamente su voluntad de dar el primer paso del proceso penal, la formulación de cargos, pero que tenía previsto buscar una solución alternativa al conflicto, para realizar una intervención con múltiples organismos que resuelvan de la mejor manera posible la situación. Además, remarcó que se trataba de una acusación inicial que podría despejar los interrogantes de la defensa a partir de completar la investigación preliminar requerida por el plazo de cuatro meses.

Finalmente, el juez de Garantías Juan Martín Arroyo, aceptó los argumentos planteados por la fiscalía y habilitó al Ministerio Público a desarrollar formalmente la investigación preliminar por el plazo requerido, sin perjuicio de que en ese plazo pueda darse mediante una mediación penal, una solución alternativa y definitiva al conflicto.

La edad de los acusados y la del propio damnificado, impide la difusión de mayores precisiones sobre el caso, pues siguiendo los lineamientos previstos por las normativas vigentes de alcance nacional e internacional, prevalece siempre el derecho a la integridad de niños, niñas y adolescentes por sobre cualquier otro derecho y la revelación de otros aspectos contenidos en la acusación, podría llevar a develar la identidad de los involucrados.