Renuncia la defensa y suspenden juicio por abuso sexual agravado al coordinador de grupos estudiantiles

Por Mariano Colombo
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La renuncia intempestiva de los defensores particulares María y Rodolfo Rodrigo obligó a la suspensión del juicio que estaba previsto que comenzara ayer en los tribunales locales. La actitud de los letrados fue duramente cuestionada en los pasillos del Palacio Judicial, puesto que para el inicio del juicio se había convocado a todos los testigos y principalmente a la víctima, quien regresó a Bariloche tras aquella nefasta experiencia, únicamente para declarar como testigo durante el juicio.

La maniobra que alguien ayer interpretó como una forma más de dilatar el proceso seguido contra Enzo Lampasona, obligó al tribunal a elevar una serie de oficios a la Secretaría de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia y al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, para que analicen el comportamiento de los letrados y el desgaste ocasionado al Poder Judicial para la realización del juicio.

La designación de un defensor oficial en el momento, no apagó el incendio porque es lógico que un defensor que no estudió el caso, necesite varios días para repasar las constancias del expediente y así fundamentar su teoría defensiva del caso. La imposibilidad de volver a convocar a los testigos dentro de pocos días, obligó al tribunal integrado por Marcelo Barrutia, Miguel Gaimaro Pozzi y Emilio Riat, a sugerir a la Oficina de Gestión Judicial programar la audiencia para el año próximo.

Lampasona está procesado por el delito de abuso sexual agravado por su condición de cuidador, en perjuicio de una estudiante que realizaba su viaje de egresados en Bariloche, con una empresa de turismo estudiantil de la que el acusado era coordinador.

El hecho investigado ocurrió en el interior de una habitación del hotel en el que se alojaba el grupo, el 29 de octubre de 2015. En la oportunidad, una egresada de 17 años de edad, que se encontraba junto a sus compañeros en un local bailable, solicitó regresar al hotel donde se hospedaban por sentirse descompuesta. Por ese motivo el coordinador del grupo la acompañó. Ya en el establecimiento hotelero, la condujo hasta la habitación, a la que ingresaron ambos, abordándola y sometiéndola sexualmente.

Para cometer el delito, Lampasona aprovechó que la menor de edad había quedado bajo su guarda y en estado de vulnerabilidad por estar descompensada, sin fuerzas para resistir de forma efectiva su accionar. La adolescente sufrió además, una serie de lesiones en distintas partes del cuerpo.

Consumado el abuso, el imputado se retiró de la habitación, mientras que la joven se dirigió a la conserjería del establecimiento para pedir ayuda. Finalmente y tras algunas idas y vueltas, se activó el protocolo de abusos sexuales, se dio intervención a la defensora de Menores.

Ayer, al abrirse el juicio, el presidente del tribunal Marcelo Barrutia indicó que los abogados defensores Rodolfo y María Rodrigo habían renunciado en la tarde del lunes a la representación defensiva y en consecuencia nombró al defensor oficial Juan Pablo Laurence.

Al correrse el traslado a la fiscalía, el fiscal jefe Martín Lozada, apuntó que debía anoticiarse al Comité de Ética del Colegio de Abogados de Bariloche, atento las intempestivas renuncias al cargo que ejercían los abogados. En este sentido Lozada señaló que en el caso de la abogada, conoce su estado de embarazo y con respecto al abogado, consideró que no hay sustento que avale o acredite sus dichos -manifestó tener problemas de salud- ya que no ha presentado certificado médico que así lo indique.

En segundo término, señaló el fiscal “estamos ante un perjuicio múltiple”. “Es comprensible lo que plantea la defensa” al requerir tiempo para el estudio del expediente y añadió el perjuicio causado a la madre y a la joven víctima que debieron trasladarse desde distintos lugares del país. Aplica para los testigos también y solicitó una instrucción suplementaria para escuchar en la fecha a la joven y a su madre.

En este marco el juez Barrutia consideró una importante irregularidad profesional por parte de los abogados y ordenó librar oficio al Tribunal de Ética y al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, relatando esta situación y esta renuncia intempestiva realizada el día anterior al debate. Señaló también que se tiene en cuenta el costo que implica operativamente la convocatoria de todos los testigos que han viajado desde distintos lugares a cumplir con esta obligación.

Por su parte el defensor oficial Juan Pablo Laurece reiteró su postura, al considerar que la defensa debe ser técnica y eficaz. “Estamos ante un delito grave, si recae pena, será importante” y consignó que no tuvo el tiempo suficiente de acceso al expediente, ni la posibilidad de leerlo en su integridad, no tuvo acceso a las filmaciones de las cámaras Gesell, ni tuvo entrevista con el imputado. En síntesis, señaló, no tiene realizada la teoría del caso y se opuso a la realización de la instrucción suplementaria.

En consecuencia el tribunal consideró apropiado el argumento del defensor, en la certeza de la imperiosa necesidad de estudiar con minuciosidad la causa y formular su estrategia de defensa, tal como lo prevé el Código Procesal Penal.

Previo a la finalización de la audiencia, el juez Barrutia convocó a los testigos que esperaban en una sala contigua y personalmente les brindó las explicaciones del caso. Encomendó al fiscal Martín Lozada, en tanto, la entrevista con la víctima y su madre.