8.9ºc 
Imputados por atentado a la autoridad y tenencia de arma de guerra
- EFECTUABAN DISPAROS POR LA NOCHE - El fiscal Guillermo Lista imputó este lunes a dos jóvenes de 18 y 21 años, por un hecho ocurrido el último fin de semana, cuando fueron sorprendidos efectuando disparos de arma de fuego. Además, a uno de los involucrados se le imputó el delito de tenencia ilegítima de armas, que fueron encontradas en el marco de un allanamiento practicado en su casa.
Los acusados son Carlos David Panguilef (18) y Gabriel Sebastián Lavagnino (21), a los dos les atribuyeron un hecho ocurrido el pasado sábado por la madrugada, cuando a través de un llamado anónimo al 911, se denunció que un grupo de jóvenes efectuaba disparos.
Al presentarse el personal de la comisaría 28 en la intersección de las calles Felipe Laguna y Sarmiento, encontraron a un grupo de jóvenes en el patio de una vivienda, quienes hicieron varias detonaciones contra los uniformados y lográndose escaparse por la parte trasera del domicilio.
Sin embargo, la persecución policial continuó y a pocos metros de allí, los dos jóvenes fueron detenidos.
Lista, atribuyó a ambos el delito de atentado contra la autoridad agravado por el uso de armas de fuego, en tanto que al joven Lavagnino además le imputó el delito de tenencia ilegítima de arma de guerra, debido a que en la tarde del domingo se practicó un allanamiento en su domicilio y se logró el secuestro de un revólver calibre 38 y de un arma de fabricación casera tipo “tumbera”. En el lugar también se encontraron municiones de distintos calibres y una planta de cannabis sativa, que fue secuestrada por el área de Toxicomanía.
El representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se aceptara la formulación de cargos y requirió un plazo de tres meses para la investigación.
El defensor oficial, Marcelo Álvarez Melinger, cuestionó la falta de buena fe procesal de la fiscalía indicando que había intentado conocer los avances de la causa y no le quisieron dar información, descubriendo en la misma audiencia que se había practicado un allanamiento en el domicilio de su pupilo. Además, cargó contra la fiscalía indicando que había leído toda la acusación, cuestión que está absolutamente prohibida en el marco de la oralidad que impone el nuevo Código Procesal Penal.
El juez de Garantías Marcos Burgos dio la razón al defensor en relación a la igualdad de armas y la buena fe procesal, ordenando a la fiscalía que comparta todos los avances logrados en la investigación. Al mismo tiempo, observó que el fiscal efectivamente había leído la acusación, aunque refirió que “estamos iniciando un proceso que es nuevo y con el tiempo se irá eliminando la costumbre que todos tenemos de leer”.
Entendió razonable la imputación formulada y otorgó un plazo de cuatro meses para concretar la investigación.
