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Podrían liberar a un inmigrante ilegal detenido por quien sufrió el hurto
- INVESTIGAN SI ES REQUERIDO POR LA JUSTICIA DE SU PAIS - Víctor Hugo Molina Fernández, declaró este martes ante el juez de Instrucción Ricardo Calcagno en el marco de una causa por el delito de hurto. El esposo de una mujer a la que había robado la cartera, lo reconoció en la Terminal de Ómnibus y lo entregó a las autoridades. Como está indocumentado e ingresó al país sin cumplir trámites migratorios, buscan cotejar sus antecedentes y si existe algún requerimiento de la justicia chilena antes de resolver su excarcelación.
Por Mariano Colombo
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El hecho que dio inicio al caso ocurrió el pasado sábado en un local dedicado a la venta de artículos para bebés, ubicado en la calle Moreno al 700. En ese lugar, el sospechoso habría hurtado la cartera de una mujer. Horas después, el esposo de la víctima reconoció al sospechoso en la Terminal de Ómnibus y tras detenerlo, logró llamar a la policía para entregarlo ante las autoridades.
El sujeto se identificó como Víctor Hugo Molina Fernández (35), oriundo de Santiago de Chile. Horas después fue llevado ante el juez Calcagno para dar su descargo y contó una historia poco menos que increíble.
Explicó que había llegado a la Argentina por el paso fronterizo Icalma (que conecta el pequeño poblado chileno del mismo nombre con la neuquina localidad de Aluminé) y que evitó el control migratorio al pagarle una suma de dinero al conductor del colectivo que lo trasladaba, quien aceptó esconderlo de las autoridades.
Ya en Bariloche, indicó que sufrió el robo de su documentación y de una importante cantidad de dinero, que traía consigo con el objetivo de llegar a Buenos Aires con el propósito de ocupar un predio, lo que era muy posible de acuerdo a la información que le habían suministrado. Según explicó, traía un millón de pesos chilenos, el equivalente a unos 26 mil o 27 mil pesos argentinos, según el tipo de cambio.
La defensora oficial Romina Martini cuestionó el procedimiento por el que su pupilo fue detenido, indicando que la intervención de un ciudadano común en su detención resultaba contraria a la legislación. Aunque la cuestión está específicamente contemplada en el Código Procesal Penal, señalando que los particulares serán facultados para practicar la detención, debiendo entregar inmediatamente el detenido a la autoridad judicial o policial.
Debido a la entidad leve del hecho investigado, el fiscal Sergio Pichetto se opuso a la concesión de la excarcelación, aunque con algunos reparos producto del grado de avance de la investigación y la falta de certeza concreta de los datos filiatorios del acusado y sus antecedentes.
Por ello, el juez Calcagno dispuso diligenciar pedidos de informe a las autoridades migratorias y a la justicia chilena para determinar si el sujeto registra algún pedido de captura o alguna cuenta pendiente con la justicia de su país. Según los dichos del propio acusado, había cumplido alguna condena en Chile.
