Natapof: “Nosotros actuamos preservando un servicio público”

Por Diego Llorente
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Al respecto, el ex secretario de Gobierno de la gestión de María Eugenia Martini, señaló que “el origen de todo este conflicto lo planteó la empresa 3 de Mayo, que prestó durante mucho tiempo un servicio deficitario, inseguro y porque hizo abandono intempestivo del servicio urbano de pasajeros”.

“Además, la empresa que ahora quiere aparecer como una suerte de compañía modelo o de PyME local, estaba concursada, previo a que ocurriera todo esto. Tenía vehículos inseguros, deudas millonarias con la AFIP, con privados y tenía un proceso de desinversión terrible”, continuó.

“Yo fui testigo del abandono tras reunirme con Guido Dal Pozzo, Rodolfo Rodrigo, el ex abogado de la Comuna Ricardo Medrano, y el ex titular de Transporte Alfredo Pego. Ahí, los empresarios nos dijeron: ya mismo dejamos el servicio. Y no podían hacerlo, porque es un servicio público. Ese era el cuadro de situación”, agregó el edil.

Natapof continuó haciendo su relato: “Rodolfo Rodrigo dijo que se llevaban el dinero que era para el pago de los sueldos. No es un chiste. Él confirmo que el subsidio estaba acreditado y dijo que no lo iban a utilizar para pagar salarios porque total nadie les podía hacer nada. Por eso le metimos una denuncia penal. Si Rodrigo quiere hablar de robo, que mire su propia actuación, porque se llevaron el dinero del Estado Nacional para pagar el mes trabajado por los trabajadores”.

El concejal contó que en junio de 2014 el juez Serra apartó a los directivos y nombró a la interventora judicial Susana Ballesty, mucho antes de la incautación y que con sus actos dijo “estos tipos no pueden estar a cargo” de la firma.

“Cuando Ballesty tomó la gestión, los propios trabajadores decían que era una empresa (concursada), llena de empleados familiares ñoquis, que tenían categorías que no eran para cobrar más. Ellos por impericia y desinversión fundieron a la empresa y ahora de nuevo quieren perjudicar al Estado, y encima hacen una campaña de desinformación de la cual es cómplice el Estado municipal”, aseguró Natapof.

Indicó que “cuando comenzó la intervención, Ballesty hizo su mayor esfuerzo, pero manejando una firma en decadencia, sin ser especialista en transporte y en proceso de desinversión, por lo que demasiado bien la llevó” y que Martini advirtió al juez y al público, en el mes de septiembre de 2014, que la situación se agravaba. Y que en diciembre de ese año, los choferes empezaron a señalar con medidas de fuerza, la falta de mantenimiento.

“Y encima Transporte de Nación advertía que quitaba los subsidios, si no le decíamos quién iba a ser el nuevo prestador del TUP. Por eso considero que el fallo de la Justicia mira hacia el pasado desde el agua calma de hoy, no reconstruye el marco de absoluta gravedad y urgencia que había. Los colectivos no daban para más, administraba una interventora judicial, se caía el 60% del transporte en la ciudad”, contextualizó.

“La única posibilidad que había era Autobuses Santa Fe, más allá de que no sabíamos qué servicio daban, nadie lo cuestionó, ni el Concejo, ni el Tribunal de Contralor y la actual gestión lo continuó durante un año y dos meses”, insistió.

El rol del gobierno actual

Natapof se mostró muy molesto con el accionar de la administración Gennuso en el caso: “es grave que salga Natacha Vázquez (actual abogada del municipio) a relativizar los inventarios, que salga Cristina Painefil con su irresponsabilidad a las que nos tiene acostumbrados, hablando de un tema del que no sabe nada, no conoce el caso ni el expediente, en una actitud lamentable”.

“Y lo más grave: cuando el intendente Gennuso empezó su gestión dijo que iba a haber un acuerdo con 3 de Mayo y la empresa ya estaba litigando contra la Comuna, yo lo señalé en aquel momento. Ahora, Vázquez y Painefil que debieran defender al Estado municipal de una empresa que lo está demandando, parecen estar en connivencia con la firma”, consideró el edil.

Y expuso que “siempre entre asesorías letradas (de un gobierno a otro) hay continuidad, porque el Estado municipal es uno sólo. En vez de preservar al Estado y llamarnos, quieren sembrar dudas, para zafar de la responsabilidad del fallo negativo, después de más de un año de su gestión en la letrada. Y vaya a saber con qué propósito respecto de la empresa 3 de Mayo, porque ahora me permito poner en duda las intenciones del gobierno que debe representar al municipio y debe ganar ese juicio”.

“Cuando decidimos hacer la incautación, el juez Anzoátegui la avaló. Entonces, hoy un tribunal puede hablar sobre la incautación abstracta, porque ya se terminó, pero nosotros actuamos preservando un servicio público en ese momento, que el municipio lo concesiona y lo avaló la Justicia. Si no, si se paralizaba el transporte, hoy tendríamos un juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, conjeturó el concejal.

“El interés superior era garantizar el servicio. El tribunal se para hoy desde otro contexto. La próxima instancia es el Superior Tribunal de Justicia y seguro pasará igual que con el puerto San Carlos, que nos terminará dando la razón”, finalizó.