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La violencia institucional es una deuda de la democracia

A fines de 2012 se declaró al 8 de mayo de cada año Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, a partir de la sanción de la Ley 26.811 por parte del Congreso de la Nación. Su objeto es “recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos”, según describe su primer artículo.

En vigencia desde comienzos de 2013, la norma propone que “en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones”, se acuerde “la inclusión en los respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas” al asunto, con el objeto de consolidar “la concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los derechos humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad”. Precisamente, temáticas sobre las que reflexionábamos hace apenas unos días.

Además, la ley ordena “disponer para cada uno de los parajes donde se hubieren perpetrado hechos de violencia institucional una señalización que lo determine como tal, acompañada de una leyenda alusiva de repudio de los hechos que allí sucedieron”. Por otro lado, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de implementar actividades específicas en el mismo sentido.

Justamente, hace días nomás se puso en marcha la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional a instancias del gobierno nacional, que parte una serie de fundamentos importantes. Por ejemplo, asevera que “miles de pibes de los barrios más empobrecidos de nuestra patria fueron y son víctimas del accionar policial, amparados en la demagogia punitiva que estigmatiza al joven humilde como el germen de todos los males de la sociedad y que es repetido constantemente por los grandes medios de comunicación”.

Admite la administración actual que “la violencia institucional es una de las asignaturas pendientes de la democracia argentina”, cuyos últimos 10 años transcurrieron bajo su signo. “La falta de respuestas de las políticas de seguridad desarrolladas y los hechos graves de violencia policial que se sucedieron en los últimos años pusieron en evidencia la inviabilidad política del modelo de seguridad sostenido históricamente y las consecuencias de la idea de descansar en la autogestión de las fuerzas policiales”.

Recuerda la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional que “en los últimos 12 años murieron 1.893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de fuerzas de seguridad. El 49 por ciento de estas personas murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio”. Recordemos que la historia reciente de Bariloche sabe bastante del asunto.

Asevera la iniciativa que “los asesinatos de Walter Bulacio, Miguel Brú, la Masacre de Floresta, la desaparición de Luciano Arruga, los crímenes de Cárcova (Masacre de José León Suárez), Lucas Rotella en Baradero, Sebastián Bordón en Mendoza y Lautaro Bugatto en Burzaco, no son hechos aislados y desconectados entre sí”. Algunos de los nombres son tristemente célebres, otros menos conocidos para el gran público pero desde ya, es inmensamente más amplia la triste nómina. “Todos fueron víctimas de la inseguridad policial, consecuencia de las prácticas violentas ilegales de las fuerzas de seguridad, herencia de tiempos oscuros de nuestra historia. Son tristes ejemplos que demuestran la falla de un esquema de seguridad anacrónico y que no responde a las realidades de la Nación del Bicentenario”.

Por eso, “es tarea de esta Campaña desarmar discursos y prácticas en torno a la seguridad basada en la lógica del enemigo, donde el respeto y ejercicio de los derechos humanos aparecen como obstáculos y la seguridad queda limitada a una cuestión punitiva y directamente represiva”. En consecuencia, “para resolver los problemas de inseguridad en la sociedad, no basta con la intervención de las instituciones que componen el sistema punitivo, ni la apelación exclusiva a las agencias policiales. Un abordaje integral de la seguridad no puede prescindir de la coordinación con otras agencias del Estado y con diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Para aportar contexto, recuerda la iniciativa que “la política económica de exclusión de los años 90 fue acompañada por una política represiva por parte de las fuerzas de seguridad para con los más desposeídos, siendo uno de los focos de represión las y los jóvenes de los barrios, alimentando una identificación contra toda autoridad y estigmatizando la esquina como espacio de delincuentes. Hasta tal punto que un nuestra sociedad existe la idea de los pibes chorros. La idea paradigmática en las fuerzas de seguridad responde a la concepción del enemigo interno, en la década de los 70 fue la subversión la responsable de todos los males de la sociedad, hoy los pibes de las barriadas”.

En consecuencia y en línea con la concepción sobre la seguridad que posee el gobierno nacional, la Campaña apuesta “por una política integral que permita ir reformulando el rol de las fuerzas de seguridad en el contexto democrático, con un profundo control civil, atendiendo a un mejor profesionalismo, campos de actuación delimitados y teniendo en cuenta estándares nacionales e internacionales de protección de derechos. Destacamos la participación comunitaria como un factor fundamental en la discusión y creación de las políticas de seguridad en todos los niveles de gobierno”, entre otros lineamientos. Más vale tarde que nunca...

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