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Claroscuros a 10 años de la Ley de Bosques

Con el respaldo de un millón y medio de firmas, en 2007, el Senado aprobó el proyecto de ley que establecía una serie de mecanismos para tender a una reducción de la deforestación. La norma siguió su curso rápidamente y, el 26 de diciembre, contó con la promulgación del Poder Ejecutivo. Al cumplirse una década de su vigencia, el balance es levemente positivo aunque no da para festejos.

Investigadores y organizaciones ambientalistas coincidieron en destacar que la vigencia de la Ley de Bosques desaceleró la destrucción de los bosques nativos del país, cuya causa principal es el avance de la frontera agropecuaria. Sin embargo, advirtieron que la deforestación continúa en zonas donde la tala está bajo prohibición y el gobierno nacional evidencia un marcado desinterés en la aplicación de la norma.

Que la administración Cambiemos no tiene a la preservación de los bosques y montes nativos entre su prioridades se advierte porque los fondos que se destinan a las políticas de conservación no son suficientes. Ni siquiera son los que marca la ley. Sin embargo, como dato a favor, hay que resaltar que, durante los momentos previos a su sanción e incluso en la actualidad, se hizo visible la problemática de las comunidades indígenas y campesinas.

Al menos ante un sector de la sociedad, la actividad de la agroindustria se ve con ojos críticos, cuando históricamente la Argentina se asumió como un país agro-exportador. Es que hace dos décadas que el corrimiento de la frontera agropecuaria no significa otra cosa que concentración de la producción en pocas manos, incorporación de tecnología avanzada con menos ocupación de mano de obra campesina y expulsión de pobladores rurales.

Con la Ley de Bosques, se intentó poner freno a las facetas más perniciosas de ese modelo y pensar en una “agricultura con agricultores”, que incorpore más gente a la producción y que ésta sea más amigable desde la perspectiva ambiental. Una de las provincias más afectadas por el corrimiento de la frontera agropecuaria es Salta, que forma parte de la región que se conoce como Gran Chaco americano.

Ese ambiente se caracteriza por la presencia de un extenso bosque subtropical que también abarca zonas de Paraguay y Bolivia, donde la deforestación también avanza a pasos agigantados. Entre nosotros, se denomina “pampeanización” al fenómeno que se caracteriza por la extensión de la agricultura y la ganadería hacia áreas que originalmente eran marginales en relación con la Pampa húmeda.

Los pretendidos avances de la biotecnología y los precios internacionales favorables a las exportaciones de materia primas, empujaron a que la actividad se extendiera desde los tradicionales pastizales fértiles hacia latitudes más norteñas que anteriormente cobijaban bosque y monte nativo. La superficie sembrada pasó de 15 millones de hectáreas a más del doble en sólo 30 años. El dato explicó buena parte del crecimiento del PBI desde 2003 en adelante pero esa rentabilidad, se llevó por delante al bosque.

Más de la mitad de aquella extensión se consagra a la siembra de la soja, que hace años superó al trigo y al maíz. Salta perdió 415.000 hectáreas de bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales. Sin embargo, el proceso se aceleró en 2007, cuando se sabía que el Congreso Nacional estaba cerca de aprobar la ley. La norma establece restricciones a las autorizaciones que otorgan los gobiernos provinciales para practicar desmontes.

A 10 años de la sanción de la ley, el entonces activista de Greenpeace y actual diputado por Cambiemos, Juan Carlos Villalonga, valoró su vigencia porque el ritmo de la deforestación empezó a caer, de 300.000 hectáreas por año a 200.000 en 2016. Una década atrás, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la tasa de deforestación de la Argentina era seis veces más alta que la media mundial.

Pero más allá del optimismo, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) ubicó a la Argentina entre los países que más áreas con bosques perdió entre 2010 y 2015, en una lista en la que figuran países de África, Asia y tres de Sudamérica: precisamente Brasil, Bolivia y Paraguay. Las “repúblicas unidas de la soja”, según bromeara alguna investigadora una década atrás.

Más allá de su importancia ante la profunda participación de la que resultó, la Ley 26.631 es una herramienta de trascendencia para que el país cumpla con los compromisos que asumió internacionalmente en la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Instituyó un fondo fiduciario que debería recibir el 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional, magnitud que nunca se alcanzó pero que, en los últimos años, experimenta una tendencia a la baja. Quizá haga falta reeditar aquella efervescencia ciudadana.

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