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Un subsidio del que nadie habla

Si bien hubo diversas velocidades y algunas pequeñas disminuciones, desde 2000-2001 hasta 2015-2016, la superficie sembrada con soja genéticamente modificada no hizo más que crecer en la Argentina. En la actualidad, ronda los 21 millones de hectáreas con una producción de 60 millones de toneladas. Dada la vocación política del gobierno actual, es muy probable que la tendencia continúe y se profundice.

El permanente corrimiento de la frontera agrícola implica un costo creciente que no se tiene en cuenta a la hora de medir el PBI. Como no se incluye, hay que poner en duda la supuesta eficiencia de la agricultura de insumos, modalidad que desarrollan los empresarios del agro. Se denomina de esa manera a la que se basa en la maximización del producto que se siembra y que con ese objetivo, recurre a muchos insumos: combustibles, fertilizantes y agro-tóxicos.

Según esta concepción los costos se calculan a partir de la energía fósil que demanda la obtención del producto. Pero la verdad es que además hay otros que se disimulan, cuya contabilización haría bajar la eficiencia. ¿De qué hablamos? De una de las facetas perniciosas del modelo de la soja… La agricultura industrial sobre suelos nuevos puede generar altos rendimientos en los primeros años porque aprovecha las reservas de fertilidad de las nuevas tierras, con un mínimo de insumos externos. Pero según los datos que los mismos suplementos rurales se encargan de difundir, a escala nacional sólo se repone en promedio el 30 por ciento de los nutrientes que los cultivos extraen del suelo.

Los cultivos que se realizan sobre suelos recién desmontados, aprovechan durante unos cinco años la fertilidad allí acumulada. Pero los empresarios no reponen nada, porque fertilizar en Salta o Santiago del Estero significaría sumar un costo más al alto flete del transporte, al precio del desmonte y a otros factores que hacen disminuir la rentabilidad. Entonces, gracias a la preeminencia de una lógica meramente económica, el sector de la agroindustria le falta el respeto a los procesos ecológicos que tienen que ver con la producción. Así, no fertilizan y especulan con cerrar un buen negocio durante 5 años.

Ese 70 por ciento de nutrientes que el suelo aporta a cada cosecha, no es ni más ni menos que un subsidio agrícola no tan encubierto. El aporte surge del “ambiente”, cuya propiedad no es del empresario ni del arrendatario, sino del Estado, es decir, de todos los ciudadanos. La noción puede sonar abstracta pero se puede cuantificar y con precisión. Entre 2003 y 2013, el ambiente, que es un bien común, otorgó al negocio de la soja un subsidio de casi el 20 por ciento de la facturación anual.

Una mirada ecológica sobre el mismo problema agregará que la pérdida de nutrientes es una suerte de herida difícil de remediar porque el suelo es un ecosistema en sí mismo, con miles de organismos que son los encargados de reciclar los nutrientes y las materias orgánicas. Estos procesos tienen sus tiempos y sus propias eficiencias. Usualmente, hay miles de años detrás de la formación de los suelos y las coberturas vegetales naturales.

El desmadre comienza cuando se supone que el suelo es apenas un soporte mecánico para los cultivos, perspectiva común en los agro-negocios, que poco tiene que ver con la noción tradicional de agricultura. Cuando se afecta al ecosistema para extraer los nutrientes del suelo, éste gana en pobreza y pierde aquellos componentes que le aportaban salud. En consecuencia, al perder capacidades ecológicas su valor disminuye, inclusive en términos económicos. Pero además, no se puede restituir sus cualidades a través de fertilizantes sintéticos.

Es un dato central que al Ministerio de Agroindustria de la Nación no parece importarle demasiado y menos al gobierno, en su afán de mostrar qué bien le va a la economía del país. Nunca se aplicaron tantas tierras a la producción agrícola en la Argentina como en la actualidad pero más de la mitad de ellas se ocupan para la soja, proporción que ubica a la Argentina en el monocultivo. Además de ocasionales bonanzas exportadoras, el corrimiento de la frontera agrícola y la generalización de la soja implican deterioros crecientes en el suelo y por ende, en el ambiente.

Mucho se habló durante el gobierno anterior de las retenciones a las exportaciones, restricción que levantó el actual no mucho tiempo después de asumir. El costo ambiental existe, pero no lo asumen ni los empresarios del agro ni el gobierno, sino el conjunto del pueblo argentino y lo que es peor, nuestros hijos y nietos, cuyo país ya es muy distinto al que nos dejaron nuestros abuelos. Nadie o muy pocas voces hablan de este subsidio encubierto.

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