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Inequidad al desnudo

Entre otras excusas, el gobierno justifica las tres reformas que prevé por el déficit fuerte que sufren las cuentas públicas, es decir, el desequilibrio entre ingresos y egresos a favor de los últimos. Si efectivamente corregirlo es la intención, habría que diferenciar en qué se gasta y cuál es el origen de los fondos que ingresan al Estado. En ese sentido, cabe tener en cuenta informes que están alejados de las acaloradas disputas entre oficialismo y oposición.

Para 2017, un reciente estudio de la CEPAL establece que para la Argentina: “el déficit fiscal se mantuvo elevado en los primeros diez meses del año (un 4,7 por ciento del PIB), pese a la política de reducción de los subsidios de los servicios públicos, a la recaudación extraordinaria del impuesto especial del blanqueo de capitales y al aumento de los ingresos tributarios asociados al mayor nivel de actividad”.

La descripción aparece en “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2017” y puede consultarse en línea. En criollo, la baja de los subsidios encareció la vida de los sectores populares, en especial la de aquellos que perciben menores ingresos. Como contrapartida, el blanqueo implicó una gran disculpa a quienes eludieron las normativas fiscales durante años. Está claro quiénes se perjudican y quiénes se beneficiaron durante los dos primeros años de Cambiemos.

El estudio de la CEPAL también aprecia que a pesar del ajuste que practicó desde diciembre de 2015, el gasto público se mostró inconmovible a raíz del creciente endeudamiento y la cancelación de los intereses que supone. El texto dice que “tras el pago de los intereses de la deuda, el resultado fiscal ascendió al 4,7 por ciento del PIB, por encima del 4,1 por ciento registrado en igual período de 2016”.

Cabe recordar que el ministro de Finanzas expresó en varias ocasiones que el recurso del endeudamiento externo continuará en práctica durante su gestión. El carácter regresivo en la distribución del ingreso queda en evidencia cuando si bien el PBI crecerá durante 2017 hasta recuperar el terreno perdido en 2016, los índices de indigencia permanecerán inalterables, siempre según las apreciaciones de la CEPAL.

Entonces, la supuesta utilidad de acudir al endeudamiento externo para combatir la pobreza, no se verifica en la práctica. La reforma que se aprestaba a tratar por segunda vez Diputados en la víspera persigue achicar el déficit fiscal a través de la fórmula de actualización, entre otras innovaciones. En este sentido, el oficialismo tiene dificultades para demostrar que no implicará una reducción de recursos para los beneficiarios de las jubilaciones y otras instancias de la seguridad social, como la Asignación Universal por Hijos e Hijas (AUH).

Según el Palacio de Hacienda y los legisladores nacionales del oficialismo, con las nuevas maneras de hacer las cuentas, el Estado se ahorraría alrededor de 100 mil millones de pesos en 2018. Entonces, más allá de los malabares discursivos que escuchamos, podría concluirse que el conjunto de los beneficiarios de la seguridad social dejará de percibir una cifra equivalente. Como se trata de los sectores que menos capacidad de ahorro tienen, 100 mil millones menos para el conjunto de la economía.

Por un lado, tiene razón el staff gobernante cuando afirma que con los actuales niveles de déficit fiscal la economía nacional no es viable. Pero debió tener esa aseveración en cuenta cuando redujo o eliminó retenciones a las exportaciones para sectores muy polémicos como el mega-minero o cuando redujo el Impuesto a los Bienes Personales. Es más, en su proyecto de reforma tributaria impulsa una rebaja en el Impuesto a las Ganancias del 35 al 25 por ciento para las empresas que reinviertan sus utilidades. ¿En qué quedamos?

La inequidad de la ecuación se desnuda sola, cuando prevé disminuciones en las cargas impositivas y en los aportes patronales, a la vez que irá a restringir los ingresos de los trabajadores retirados y otros beneficiarios del sistema previsional. Serán las grandes mayorías las que deban financiar el funcionamiento del Estado, mientras que se busca que los inversores externos y locales tengan chances de incrementar su rentabilidad.

Después de su traspié del último jueves, el gobierno puso en juego una compensación por única vez de 750 pesos para los jubilados cuya remuneración fuera inferior a 10 mil pesos mensuales, con aportes al régimen previsional de 30 años, además de otra por 375 pesos para aquellos y aquellas que no reunieran esos aportes. En tanto, los beneficiarios de la AUH recibirían 400 pesos. El conjunto significaría 4 mil millones de pesos, es decir, el 4 por ciento del faltante de 100 mil millones que se registrará en los mismos bolsillos durante 2018. Los calificativos quedan a cuenta del lector y lectora.

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