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Para combatir el déficit hay que dejar de endeudarse

Es un tanto peligroso suponer que en la batalla contra la inflación y la pobreza, el endeudamiento es instrumento central. Más bien, sería importante definir con criterios políticos de dónde obtener recursos genuinos que permitan afrontar los gastos necesarios en un país que no expulse a las grandes mayorías y garantice sus derechos. La reflexión viene a cuento de declaraciones presidenciales, según las cuales “mientras la Argentina tenga déficit fiscal como tiene, va a tener que seguir teniendo que tomar deuda porque tenemos un compromiso central de reducir la pobreza”.

Horas después de que su alianza se impusiera en las elecciones de medio término, el presidente añadió que para combatir la pobreza hay que bajar la inflación, porque sobre todo afecta a los que menos tienen. Ese tramo de su razonamiento fue impecable, pero en el siguiente metió miedo: “si uno no va a financiar el déficit con inflación (es decir, a través de emisión monetaria) lo tiene que financiar con deuda”. Por suerte, concedió que tal receta “es algo que como todos, sabemos no podemos hacer eternamente”. De ahí que resaltara la importancia de avanzar en la reducción gradual del déficit fiscal.

El asunto tiene que ver con el huevo y la gallina porque buena parte del rojo del Estado argentino se explica justamente por los intereses de su deuda. Claro que el dato no es nuevo porque a pesar de su diatriba “nacional y popular”, durante el período anterior las cancelaciones de los intereses también explicaban una proporción importante del agujero. Con repasar los presupuestos de los últimos años se tendrá una idea de su trascendencia.

De manera sencilla, digamos que si los gastos del Estado superan los ingresos, el resultado es el déficit. El problema se puede superar a través de una reforma impositiva que mire hacia quienes estén en condiciones de aportar más ingresos genuinos al sector público. La ecuación se completa con un re-direccionamiento de los gastos, que elimine los que puedan considerarse superfluos. Aquí entendemos que la reducción del déficit nunca puede pasar por recortes a las partidas para salud, educación, vivienda o previsión social.

Con la misma perspectiva, si se considera bajar los impuestos que gravan los ingresos de los sectores con mayor capacidad contributiva, mantener exenciones impositivas a las transacciones financieras o beneficios impositivos para los capitales más concentrados, se estarán resignando chances de contar con ingresos genuinos para el fisco. Afortunadamente, al redactar estas líneas, trascendía que en la reforma impositiva que anunció ayer el presidente y que hoy detallará la conducción económica, habrá un impuesto a la renta financiera.

Éste será un nuevo gravamen, sin relación con Ganancias ni con el IVA. En una primera etapa, presentará una alícuota del 5 por ciento. Se aplicará a las operaciones por más de 1,4 o 1,5 millones de pesos (está por definirse) o a los intereses que superen una rentabilidad de 55 mil pesos. Afectará a los tenedores de depósitos a plazos y títulos como LEBAC, pero quedará fuera la compra y venta de acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Hay que ver la letra chica pero sería un avance. De todas maneras, las modificaciones deberían ser generales y no reducirse a un nuevo impuesto si de enfrentar el déficit se trata. Según detalló un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, “a septiembre, el ritmo de aumento del gasto sigue superando la evolución de los ingresos de la Administración Nacional llevando el déficit financiero por encima de los 450.000 millones de pesos. De estos, 198.956 millones de pesos tienen que ver con el pago de intereses de la deuda pública. Este monto supera en más de un 30 por ciento el total de recursos destinado al gasto de capital”.

De ahí que resulte insólito que se considere el endeudamiento como manera de enfrentar el déficit fiscal. Además, una mirada de mediano plazo indicará que la combinación entre contracción y emisión de deuda significó para la Argentina pérdida de soberanía política, económica y social. El ritmo vertiginoso que asumió el endeudamiento durante la gestión actual es insostenible en el mediano plazo aunque afortunadamente, el gobierno tomó nota de esa falencia.

En el largo plazo, hay que decir que si la Argentina no consiguió alcanzar estándares de desarrollo más cercanos a sus posibilidades, mucho tuvo y tiene que ver la deuda pública, sobre todo la externa. No hace falta ejercitar demasiado la memoria para recordar que ante la vulnerabilidad fiscal, son los acreedores públicos o privados los que establecen las condiciones que terminan por definir la política económica del país. Por eso, para reducir el déficit, hay que dejar de endeudarse.

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