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Cambiemos camina hacia el desarrollismo

En las exultantes filas del oficialismo, se considera que recién desde ayer se comenzó a aplicar el verdadero plan económico, cuyo éxito debería conducir a la reelección presidencial en 2019 o bien, a la sucesión por otro integrante del “equipo”. Según el discurso que evidentemente goza de la aceptación de la mayoría de los argentinos, hasta la semana pasada la administración que resultó victoriosa el domingo último sólo se abocó a evitar una crisis.


Inclusive en los más firmes partidarios del gobierno, se admite que la conducción económica incurrió en un desfase de al menos seis meses, porque en sus planes la salida de la recesión debió producirse en julio de 2016 y no durante el primer trimestre de 2017. Pero más allá de esas reflexiones, en general los voceros gubernamentales dan por sentado que 2018 será el año del despegue en términos económicos, ya que se aplicará de lleno el plan de Cambiemos.

Con el gradualismo como método, el gabinete económico se propone transitar hacia un cambio de imagen importante, que despegue al gobierno de motes como neoliberal o liberal. Se habla de un “desarrollismo del siglo XXI”, expresión que en la Argentina remite inevitablemente a la experiencia que encabezara Arturo Frondizi entre 1958 y 1962, con el peronismo proscripto y bajo la estrecha vigilancia de las Fuerzas Armadas.

En la inteligencia del elenco gobernante, los primeros dos años se invirtieron en “apagar incendios”, entre ellos, salir del cepo cambiario, cerrar el interminable diferendo con los fondos buitre y revincular nuevamente a la economía argentina con los grandes flujos del exterior. Ahora llegó el momento de impulsar una agenda propia pero a pesar de los resultados que obtuvo el domingo, el oficialismo no contará con mayoría en el Congreso de la Nación.

Esa debilidad -en realidad es fortaleza de la democracia- hará que Cambiemos deba entenderse con otras fuerzas políticas, sean afines o no. Los representantes del Poder Ejecutivo parten de la premisa que serán imposibles las relaciones con los bloques de Unidad Ciudadana o el Frente para la Victoria, mientras suponen que estarán en condiciones de dialogar con quienes responden a Sergio Massa, con expresiones del justicialismo, con Martín Lousteau y otros referentes que para la Rosada son “serios”.

La intención es avanzar en el Congreso hacia un acuerdo programático que se traduzca en votos afirmativos al momento de tratarse las leyes claves. Entre ellas, se destaca la reforma impositiva. Según trascendió, la versión final del anteproyecto se dará a conocer el mes que viene. Será entonces cuando ingrese al Congreso y se presente a los sectores que se verán afectados directamente, es decir, las cámaras empresariales, los colegios de profesionales en Ciencias Económicas, los abogados y economistas especialistas en cuestiones tributarias y los sindicatos.

Después de esa ronda, el Poder Ejecutivo impulsará su debate y tratamiento legislativo en el primer semestre del año que viene. En este caso, enfrentará dos problemas importantes: la presión impositiva que se ubica entre el 45 y el 55 por ciento según el sector, que convive con un déficit fiscal que supera el 3 por ciento del PBI. Para la conducción económica, aliviar la presión impositiva es central para avanzar hacia un crecimiento sostenido. Según la prensa especializada, el objetivo del oficialismo será reducir la incidencia del Impuesto al Cheque y también Ingresos Brutos, mientras avanza hacia una reducción de la increíble burocracia. Resta ver si se aplicará o no un impuesto a la renta financiera.

Otro componente central del plan del presidente es la reforma laboral. Hasta el momento, trascendió que el gobierno avanzará por sectores, en primera instancia, por las empresas de la llamada Nueva Economía y las tecnológicas. Siguen en la nómina el sector financiero, el comercio y algunos rubros industriales, entre ellos, las automotrices. Aparentemente, no se embestirá de manera directa contra las afiliaciones sindicales -como en Brasil- pero sí se instrumentarán modalidades de flexibilización que incidirán en las relaciones laborales entre empresas y empleados. Los períodos de pasantía irán de 3 a 6 meses y los subsidios laborales disminuirán a medida que los beneficiarios de “los planes” se incorporen al mercado. Sí habrá cambios fundamentales en el régimen de despidos y de las ART. El gobierno aspira a mejorar sustancialmente el llamado “costo argentino”.

Además, hay que contabilizar un blanqueo o “jubileo” laboral, una reforma a fondo del comercio exterior, la disminución de los subsidios a los servicios públicos y otras búsquedas. Es verdad que a raíz de la composición parlamentaria, el gobierno no tiene en sus manos un cheque en blanco, pero nadie puede discutir que inclusive, tienen más consenso que al asumir en diciembre de 2015. Deberá renovarlo paso a paso en el Congreso.

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