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Por el derecho a la identidad, siempre

El derecho a la identidad es uno de los derechos humanos. Afirma que todas las personas desde que nacen tienen el derecho inalienable a contar con los atributos, datos biológicos y culturales que permitan su individualización como sujeto en la sociedad. La enunciación del derecho a la identidad incluye la no privación de sus componentes, entre ellos, el derecho a poseer un nombre, un apellido, una nacionalidad, a la inscripción en un registro público, a conocer padre y madre, a recibir cuidados por parte de ellos y a formar parte de una familia.

Se incluyó en los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se aprobó en 1989, es decir, seis años después de que retornara la democracia a la Argentina. Su inclusión obedeció a la propuesta de Abuelas de Plaza de Mayo, como expresión de su lucha por la recuperación de los niños y las niñas que fueran víctimas de secuestros durante la última dictadura cívico militar. Entre nosotros, no hace falta recordar que, como resultado del Terrorismo de Estado, los “nietos” fueron privados su identidad.

La tarea de Abuelas en el contexto del derecho internacional hizo que los artículos que mencionamos se conozcan en la jerga diplomática como “los artículos argentinos”. En coincidencia con el Día Nacional de la Identidad, que se conmemora hoy, UNICEF Argentina destaca que, desde el momento en el que nacen, los niños y las niñas necesitan comenzar a forjar su identidad. Entiende la entidad que, detrás de ese objetivo, el primer paso es inscribir el nacimiento en los registros públicos y así, contar con nombre y nacionalidad.

Afirma UNICEF que el registro civil universal es la base para que las personas accedan a todos los demás derechos. Además, es un elemento esencial en la planificación nacional a favor de la infancia, porque ofrece datos demográficos sobre los cuales diseñar estrategias. En la Argentina, la inscripción al momento del nacimiento en el Registro Civil se garantiza en forma gratuita para todos los niños y niñas.

Señala el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia que, si bien no existen datos oficiales y específicos al respecto, si se toman en cuenta los nacimientos que se registran y su anotación posterior en el Registro Civil, se puede estimar que el 90,7 por ciento de los niños y niñas recién nacidos acostumbran registrarse, hecho que implica el paso previo para la obtención de un documento de identidad.

De vital importancia para el logro de estos cometidos fue la reglamentación de la Ley de Protección Integral a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoció la obligatoriedad y gratuidad del primer documento nacional de identidad para todos los niños y niñas. Si bien la inscripción es amplia, aún no llega a alcanzar carácter universal, especialmente, en algunas provincias que coinciden con áreas donde los indicadores sociales son desfavorables.

A propósito, el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) indica que “el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de los posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. Por su parte, el artículo 8 manifiesta que “los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares”.

El artículo 30 y otros de los que integran la CDN ahondan en el derecho de identidad al señalar que “en los Estados en los que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”.

Recordemos que el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas se adueñaron del poder a través de un golpe de Estado. El régimen militar practicó como sistema la desaparición forzada de aproximadamente 30.000 personas, de todas las edades y condiciones sociales. Como consecuencia, centenares de bebés fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas.

En varios centros de detención funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas a la “espera” de un nacimiento. Alrededor de 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como “botín de guerra”. En todos los casos, les anularon su identidad y los privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de su libertad. Las demandas de Abuelas de Plaza de Mayo tienen aún hoy absoluta vigencia.

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