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Nunca es buen negocio resignar soberanía

Entre el 20 y el 24 del mes que corre, se llevará a cabo en Buenos Aires la vigésimo séptima ronda de negociaciones entre la Unión Europea y el MERCOSUR, con la mira puesta en un futuro tratado de libre comercio. El curso que adopten las deliberaciones será de importancia decisiva para la economía del país en el mediano plazo. La delegación nacional irá a los encuentros con su vocación libremercadista, la intención de insertarse en la corriente de los flujos financieros y el discurso con que ganó las elecciones el gobierno: “volver al mundo”.

Daría la impresión que la intención llega tarde porque a partir de los últimos resultados electorales en Gran Bretaña y Estados Unidos, la pasión globalizadora tiende a retraerse. No obstante, los recientes comicios en Holanda implicaron un freno al “populismo” de derecha que alivió a los líderes europeos aunque el afán separatista rebrote en Escocia. Con todo, la Unión Europea apura su propósito de estrechar los vínculos con el bloque que tiene a la Argentina y Brasil como socios principales.

Su interés por la región reconoce antecedentes: en 2002 rubricó el Acuerdo Global con México y al año siguiente, el Acuerdo Preferencial con Chile. En 2006, la UE inició conversaciones con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) pero ante la negativa inicial de Bolivia, Ecuador y Venezuela, el tratado se firmó con Colombia y Perú. Indirectamente, estancó el proceso de integración en aquel conjunto de países. De manera desconcertante, el gobierno de Correa volvió sobre sus pasos y pidió sumarse.

Desde la perspectiva de Quito y a grandes rasgos, el entendimiento obliga a armonizar los estándares fitosanitarios al paladar europeo, a certificar y registrar las semillas o conceder derechos de obtentor sobre plantas a productores del Viejo Continente como si fuesen locales. Requisitos que generaron fuertes críticas entre sectores campesinos e indígenas ecuatorianos porque son de cumplimiento imposible para la abrumadora mayoría.

He ahí el quid de la cuestión en materia de tratados de libre comercio (TLC). Sobre todo, tales acuerdos buscan generar las condiciones para que capitales e inversiones pueden circular libremente en los dos territorios, es decir, el europeo y en nuestro caso, el MERCOSUR. Para que esa circulación sea posible, hay que modificar al interior de cada país leyes y reglamentaciones para que se beneficien las trasnacionales en desmedro del poder fiscalizador o económico de los sectores públicos.

La Comisión Europea (CE) encargó en 2009 un informe para evaluar qué impacto podría tener en ambos bloques un acuerdo de libre comercio. Elaboró el documento la Universidad de Manchester, junto con firmas europeas y latinoamericanas, obviamente directamente interesadas en el proyecto. Desde la perspectiva argentina y brasileña, los beneficios se concentrarían en el sector agrícola, siempre y cuando se avance en aquellas adecuaciones legislativas. Como contrapartida, en la UE se beneficiarían los sectores manufactureros.

El informe no pasa por alto las consecuencias medioambientales, altamente sensibles para el conjunto de la opinión pública europea. Nuestros países afrontarían “un riesgo de aumento de la contaminación del agua”, pronóstico que irá a requerir “una normativa más estricta”. También sumaría “un efecto potencial negativo sobre la biodiversidad, agravado por el desarrollo de la demanda de biocombustibles en Europa”.

Con puntos sobre las íes, el estudio avisa que el acuerdo implicará réditos a largo plazo para los países latinoamericanos, pero también mayores costos. Según sus cálculos, significaría “beneficios económicos estáticos del orden del 0,5 por ciento del PIB en Argentina, 1,5 por ciento en Brasil, 2,1 por ciento en Uruguay, y quizá hasta del 10 por ciento del PIB en Paraguay”. En forma simultánea, significará “pérdidas potenciales de empleo en diversos componentes del sector manufacturero y un deterioro en el nivel de las normas laborales en ciertas partes del sector agrícola”, es decir, mayor desigualdad.

Las delegaciones llegarán al inminente cónclave con acuerdos en varios temas, porque vienen de trabajar en octubre último en Bruselas. La Unión Europea presentó entonces propuestas sobre el rol de las PyME, las empresas estatales y las patentes, tema el último muy sensible. El bloque contraparte pretende que se prepare el terreno para las inversiones de sus compañías y que se eliminen regulaciones, amén de otros obstáculos. Esas “sugerencias”, implican resignación de soberanía en varios aspectos.

Con la firma del TLC se abriría la posibilidad para que empresas europeas participen de la construcción de rutas o autopistas, aeropuertos, líneas ferroviarias y puertos, en las mismas condiciones que empresas locales según reglas que los países de la región venían rechazando en foros regionales. Otro tanto ocurriría con los derechos de propiedad intelectual. Con sólo apelar a la memoria, podemos decir que nunca le fue bien a la Argentina con la metodología de regalar potestad soberana.

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