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Releer el Acuerdo para la Seguridad Democrática

Cuatro años atrás, un conjunto considerable de legisladores nacionales -tanto del oficialismo como de la oposición-, entidades gremiales, organismos defensores de los derechos humanos y una larga lista de ex jueces o especialistas en Derecho, rubricaron el documento que se denominó Acuerdo para la Seguridad Democrática.

En los últimos tramos de 2009 arreciaban las voces que pedían mano dura para enfrentar la problemática del delito, al igual que en la actualidad barilochense. El texto consagra postulados de los cuales deberían desprenderse líneas de acción que quisiéramos ver en marcha en la ciudad.

 

En una de sus primeras apreciaciones, el Acuerdo considera un engaño a las políticas de mano dura porque “no han reducido el delito, han aumentado la violencia y en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática”. En efecto, “la delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva, son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura”. Claro que “los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados”. Además, “esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos”. Creemos que el diagnóstico se aplica perfectamente a Bariloche. Sobran los ejemplos coincidentes.

Aunque desde ya, de diagnósticos estamos hasta la coronilla. Por eso, hay que ratificar que “el Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda”.

En efecto, “una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido re-socializador”. Como podrá advertirse y sin necesidad de abundar en detalles, en Río Negro son más los déficit que los superávit en materia de política criminal y de seguridad. Ni la Policía, ni el Poder Judicial ni el sistema penitenciario satisfacen esos requisitos.

El Acuerdo para la Seguridad Democrática también insta a pensar en una concepción integral de la seguridad. “La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas”. La mirada “implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad”. He ahí una de las claves del asunto. Pasan los años y desde todos los sectores de actuación ciudadana se admite la diferencia de una brecha enorme, pero las políticas que se ponen en juego o marchan muy lentamente o no alcanzan para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

Entre otros aspectos, hay que tener en cuenta que “los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales”. De nuevo nos topamos aquí con serias falencias, ya que a raíz de las marañas jurisdiccionales, en general las fuerzas policiales con asiento en esta ciudad pocos vínculos mantienen con las autoridades políticas municipales. Por otro lado, hace un par de años que se denuncia la cercanía de efectivos policiales con grupos que se consagran al narcotráfico en el Alto y que sepamos, jamás hubo una respuesta política ante esa inquietud vecinal.

Justamente, “desactivar las redes del delito para reducir la violencia” es un objetivo del Acuerdo, porque “las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad”, cuando “la realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas”. Entonces, “reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas”. Tanto a nivel nacional como provincial, claro. Como puede advertirse, los grandes lineamentos están. Hacen falta decisiones políticas.

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