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Tarde, el Poder Judicial se anotó un poroto

El actual senador por La Rioja recientemente condenado, firmó cuando era presidente dos decretos reservados para concretar exportaciones de armas a Panamá y Venezuela. Los pertrechos se embarcaron por vía marítima y área hasta que en 1995 trascendieron las primeras denuncias. En aquella ocasión, en un juzgado federal se abrió el expediente por asociación ilícita, falsedad ideológica y contrabando.

Las imputaciones no sólo recayeron sobre el entonces mandatario, sino también sobre su ministro de Defensa, sobre el entonces interventor de Fabricaciones Militares, el cuñado del entonces presidente y los jefes de la Fuerza Área y el Ejército, entre otros uniformados y civiles. La investigación judicial pudo probar siete embarques a Croacia y tres envíos aéreos a Ecuador. Como la memoria es muy frágil y además, la gente joven no tiene por qué recordar los contextos, recordemos que por entonces los croatas se batían para lograr su independencia respecto de Serbia en el marco de la disolución de Yugoslavia. Por su parte, el país americano mantenía enfrentamientos bélicos con Perú por un viejo litigio limítrofe.
La maniobra tuvo su costado burdo porque por entonces, Panamá no contaba con fuerzas armadas. También hace falta recordar que el país centroamericano había sufrido una ocupación estadounidense en 1989. Y Venezuela, no era por entonces la potencia que hoy sí demanda armamentos en el mercado internacional. Los decretos del ex presidente eran falsos a la hora de especificar los destinos, porque sobre los Balcanes pesaba un embargo de armamentos que había dispuesto la ONU. Y en relación con el enfrentamiento Perú – Ecuador, la Argentina aparecía como garante de un tratado en vigencia. Lisa y llanamente, las disposiciones del Poder Ejecutivo encubrieron transacciones por 6.500 toneladas de fusiles, balas, cañones, obuses y misiles.
¿Por qué el gobierno se embarcó en ese ilícito? Desde la óptica estadounidense, Serbia era una de las potencias regionales a doblegar después de la caída del Muro de Berlín y los croatas, sus tradicionales adversarios. Desde la perspectiva de Buenos Aires, era la época de las “relaciones carnales”, expresión que con tanto mal gusto como regocijo acuñó el ministro de Relaciones Exteriores de aquel gobierno argentino. De paso, se presentaba ante quienes pusieran el gancho una oportunidad de morder tajadas considerables...
Se sabe, la impunidad hace que los límites legales o éticos se alejen progresivamente. Entonces, en noviembre de 1995 los argentinos observamos azorados cómo instalaciones de Fabricaciones Militares en Río Tercero (Córdoba) volaban por los aires. El hecho dejó siete muertes y aproximadamente, 700 heridos. Tanto el gobierno nacional como el Poder Ejecutivo cordobés, se apresuraron en instalar la hipótesis del accidente. Durante mucho tiempo, la mayoría de los argentinos aceptó esa explicación, pero ya por entonces varios observadores y testigos entendieron que la dantesca explosión tenía relación con el contrabando de armas. Fue una fea manera de disimular el faltante de cañones que tenían que ser del Ejército y fueron a parar a Croacia.
Transcurrieron nada menos que 16 años hasta que el 13 de septiembre de 2011, el Tribunal Oral Penal Económico 3 dio a conocer un fallo inverosímil que por mayoría, absolvía a los 18 imputados. La “causa armas” estaba allí porque en 2001, la Corte Suprema de la “mayoría automática” había anulado los cargos por asociación ilícita y falsedad ideológica. Como sólo quedaba en pie la acusación por contrabando, el expediente se giró al ámbito Penal Económico.
Pero ese fallo fue tan escandaloso que no se pudo sostener. Ya se sabía que Croacia y Ecuador habían pagado 53 millones de dólares a través de bancos uruguayos. De ese monto, 2 millones fueron al bolsillo del contrabandista y 34 millones a Fabricaciones Militares. El resto engrosó las cuentas de los integrantes de aquella asociación ilícita, cuya existencia desestimó rápidamente la vieja Corte.
La Cámara de Casación anuló la sentencia del TOPE 3 en marzo último y se concretó un nuevo juicio que finalmente, administraría algo de justicia. El ex presidente debería purgar siete años de prisión, su ministro de Defensa cinco y así en línea descendente. Tanto demoró el Poder Judicial que la querellante por la voladura de Río Tercero, viuda de uno de los muertos, falleció cuando todos los imputados estaban en libertad.
Desde ya, hay que tener en cuenta que las defensas de los culpables apelarán el fallo y que éste recién quedará firme cuando reciba su confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, el ex presidente es precisamente actual senador por La Rioja, triquiñuela que le permite disfrutar de fueros. Para que los pierda, tiene que quedar firme la condena y además, lograrse una mayoría especial de 2/3 en la Cámara Alta. Además, si se tiene en cuenta que ya anota 83 años, cumplirá prisión domiciliaria en algunos de sus múltiples dominios.
De todas maneras y a pesar de la increíble demora, hay que celebrar el fallo. Como dice la calle, más vale tarde que nunca pero además, tiene que haber un mensaje explícito y concreto contra la impunidad. No puede ser que el Poder Judicial esté más interesado en consagrarla que terminar con ella, más allá del debate amañado por la reforma judicial. Por otro lado, haremos bien en tener presente aquel contexto: más allá de la corruptela, la Argentina funcionó hizo el trabajo sucio que no podían hacer Estados Unidos y la OTAN. En varios sentidos es que tienen que reeditarse el ya clásico “nunca más”. Que la condena sea también al entreguismo...

 

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