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Un fallo neoliberal que fija límites al “latinoamericanismo”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el embargo por 19 mil millones de dólares que recaía sobre los activos y bienes que la trasnacional estadounidense Chevron posee en la Argentina. La medida precautoria se había originado en un juzgado civil y recibió confirmación por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del mismo fuero, en cumplimiento de un exhorto que había remitido el Poder Judicial de Ecuador. Pero el máximo tribunal argentino concedió el recurso extraordinario que habían interpuesto las filiales de la compañía en el país, es decir, Chevron Argentina SRL, Ingeniero Roberto Priú SRL, CDC APS y CDHC APS.

Con su determinación, la Corte bendijo la alianza económica que existe entre el gobierno nacional y la petrolera norteamericana. La última podrá avanzar en la inversión de 1.500 millones de dólares que llevará adelante junto con YPF SA para explorar el yacimiento de Vaca Muerta (Neuquén). De ahí que el fallo significara una buena noticia para la Casa Rosada, plenamente decidida a avanzar con la explotación no convencional de hidrocarburos. Como contrapartida, Ecuador no podrá ejecutar aquí la sentencia que recayó sobre Chevron por 19.021 millones de dólares, a raíz del daño ambiental que ocasionó sobre más de 2 millones de hectáreas en el Amazonas ecuatoriano.
Para la Corte Suprema de la Nación, Chevron Corporation es una persona jurídica diferente a Chevron Argentina SRL y la última no tuvo la posibilidad de defenderse en Ecuador. De la misma manera, afirmó que trabar embargos a filiales de Chevron comporta una violación del orden público nacional al no cumplirse con la garantía del debido proceso, ante la hipotética falta de defensa.
En febrero de 2011, la justicia ecuatoriana de primera instancia declaró culpable a Chevron por contaminación y la condenó a apagar una indemnización de 8.000 millones de dólares. La investigación se había extendido durante 20 años y acumuló más de 230 mil fojas de expediente, 106 informes periciales, 80 mil pruebas químicas de suelo y aguas y 54 inspecciones oculares que se realizaron en sitios donde operaba la empresa. En enero de 2012 la sentencia recibió confirmación en segunda instancia, pero además el tribunal exigió a Chevron un pedido de disculpas al pueblo ecuatoriano. La petrolera se negó y la sentencia se duplicó. Luego de quedar firme el fallo, la trasnacional estadounidense retiró todos sus activos de Ecuador, en una actitud de claro fraude.
En la Argentina, el fallo de la Corte sostiene una mirada jurídica restrictiva en la aplicación de la teoría del “descorrimiento del velo societario”. Considera que su invocación es de carácter excepcional porque se debe resguardar la seguridad jurídica del mercado y sus transacciones. Tamaña miopía jurídica implica que no habrá compañía trasnacional que se responsabilice por los daños que pueda generar en cualquier rincón del mundo. Alcanzará con la constitución de sociedades comerciales diferentes en cada país para evadir la aplicación de sentencias por daños ambientales, laborales o tributarios.
Según los máximos jueces argentinos, tendrían que desarrollarse tantos juicios como sociedades vayan a constituir sucesivamente las trasnacionales para evadir las responsabilidades que se juzguen. De la decisión de la Corte Suprema se desprende una posición jurídica de estricta tutela a los derechos de propiedad de las sociedades comerciales, en abierto perjuicio de los derechos sociales y ambientales. Políticamente, se trata de una alineación estricta a los intereses del capitalismo trasnacional.
Quizás haga falta hacer un poco de historia... Chveron Corporation es una de las cinco petroleras más importantes del planeta. Su origen data de 1911, cuando surgió de la disolución del consorcio Standard Oil. Bajo la conducción de la familia Rockefeller, adquirió en 1984 a la Gulf Oil Corporation y asumió su actual denominación. Su volumen de negocios ronda los 220 mil millones de dólares anuales y cuenta con más de 62 mil empleados. Las ganancias netas andan por los 20 mil millones de dólares por año.
Chevron hizo pie en la Argentina en la década del 50, a partir de los tristemente célebres contratos que celebró Juan Perón con la California Argentina, por entonces filial de la Standard Oil. Gracias a esos acuerdos, comenzó a explotar hidrocarburos en Santa Cruz. Más cerca en el tiempo, los Rockefeller tuvieron absoluta cercanía con la última dictadura militar, a través de la participación de uno de sus socios, José Alfredo Martínez de Hoz, en el Ministerio de Economía del periodo de Videla. Sus bancos y empresas resultaron beneficiados por las políticas de endeudamiento público y estatización de deudas que se dispusieron entre 1976-1985, entre otras prebendas.
El antecedente ambiental que tenía que ventilarse en el Poder Judicial argentino es espeluznante. La condena ecuatoriana hace referencia al daño que provocó en la selva del Amazonas entre 1964 y 1990 cuando Texaco (una de las marcas actuales de Chevron) generó un desastre ecológico a raíz de los derrames en el oleoducto trasandino de más de 103 millones de litros de petróleo y 63 mil millones de litros de aguas altamente tóxicas, que fueron a parar a ríos y suelos.
En forma simultánea, se talaron enormes superficies de selva para la construcción de instalaciones y rutas de acceso. Alrededor de 800 basureros de desechos tóxicos sin revestimientos destruyeron el hábitat y el medio ambiente, para además acrecentar significativamente las tasas de cáncer en la zona... Más vale que nada de eso suceda en Vaca Muerta porque gracias a la Corte Suprema, si las demandas de los afectados prosperaran (en Ecuador fueron 30 mil), Chevron liquidaría todos sus activos en la Argentina y abriría alguna filial en otro país para mandarse a mudar. E iríamos a cantarle a Gardel.

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