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En acción por la salud de la mujer

En la jornada de hoy se pone de relieve el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. La conmemoración se originó el 28 de mayo de 1987, fecha que no se aprobó en una Asamblea General de la ONU, como tantas otras, sino durante el V Encuentro Internacional de Salud de la Mujer, que propiciaba la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos.

Aquel cónclave tuvo lugar en Costa Rica, con la participación de representantes de organizaciones de diferentes países. Las delegadas concluyeron que necesitaban contar con una jornada específica para reflexionar y discutir sobre políticas y programas, al igual que para proponer acciones a favor de la salud de la población femenina.

Hoy se cumplen 26 años de aquella iniciativa, de plena vigencia en buena parte del mundo, inclusive en la Argentina. Si bien aquí hemos ponderado el impacto positivo que tiene la aplicación de la Asignación Universal por Hijo en los índices de pobreza e indigencia, también hay que decir que todavía existen enfermedades de tratamiento relativamente sencillo que sin embargo, son causantes principales de muerte materna. Además, la brecha de desigualdad e inequidad todavía es importante y se expresa con total crudeza en el ámbito de la salud.

Todas las mujeres, sean trabajadoras o no, estén en actividad o desocupadas, deben acceder a los servicios de salud de forma gratuita, pública y universal. En los últimos tiempos, también cobra forma la característica de la interculturalidad que deben adquirir las prestaciones, a la luz de las realidades diversas que ganan visibilidad en la Argentina. Además, debe reunir condiciones igualitarias y de calidad, por el simple derecho de ciudadanía e inclusive de residencia, porque no se le puede negar el derecho a la salud a las mujeres que con origen en otros países, eligieron el nuestro para vivir.

A propósito y más allá de otras connotaciones que pueda adquirir el debate, la morbilidad y la mortalidad maternas que derivan de los abortos clandestinos, se erigen en preocupación en materia de salud de las mujeres. Por otro lado, el SIDA, la tuberculosis, el Mal de Chagas, el cáncer de cuello de útero, las infecciones y la desnutrición, son problemas de salud que resultan determinados por procesos sociales, económicos, políticos y culturales.

En términos estrictos, la salud colectiva de toda la población no estará en condiciones de garantizarse si el Estado no asume una tarea de mejora y transformación en la protección social y las condiciones de vida de las mujeres. Sabemos bien que bajo el proceso de feminización de la pobreza y exclusión social, las trabajadoras y sus hijos fueron las principales víctimas de la falta de acceso a la salud pública. Por otro lado, el rol injusto que la sociedad patriarcal asigna a las mujeres, al igual que las formas de acceso a los recursos materiales y simbólicos, son determinantes en su salud.

Según informes que obran en poder de la CTA, más del 50 por ciento de las mujeres trabajadoras tienen empleos precarios e informales. A raíz de esas características, no pueden acceder a la seguridad social y sanitaria, ni para ellas ni para sus familias. En consecuencia, adquiera importancia estratégica que el Estado asuma como obligación garantizar la salud colectiva como derecho de ciudadanía, no por condición social, económica o laboral.

Otra faceta que nos parece todavía más desagradable: en la Argentina, en una de cada cinco parejas se presentan situaciones de violencia contra la mujer. En el 42 por ciento de los casos de mujeres que son asesinadas, comete el crimen su pareja. Por otro lado, 37 por ciento de las mujeres que son golpeadas por sus esposos, lleva 20 años o más soportando esos abusos. Se estima que el 25 por ciento de las mujeres argentinas es víctima de violencia y que el 50 por ciento pasará por alguna situación violenta en algún momento de su vida. La violencia de género expresa relaciones de poder y también es un ataque a la salud de la mujer.

Durante la jornada que hoy transitamos, las diversas organizaciones de mujeres, inclusive las secretarías que gremios o centrales obreras, reclamarán el cumplimiento real de las políticas públicas de educación sexual y reproductiva desde el Estado, en todas las provincias por igual. Para su llegada a la práctica, se pide participación directa de las organizaciones sociales.

Se entiende desde esos ámbitos, que el Estado debe modificar la legislación para despenalizar y legalizar el aborto, como principio esencial de salud pública. Asimismo, las mujeres demandan que se cumplan sus derechos económicos, sociales y culturales. No se alcanzarán mayores niveles de salud colectiva si no se atienden al mismo tiempo sus determinantes sociales-económicos, es decir, alimentación adecuada, vivienda digna, educación, trabajo decente, acceso al agua potable y servicios sanitarios, además de medio ambiente saludable, entre otros derechos.

De más está decir que es imperioso prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en los ámbitos familiares y laborales, con presencia del Estado, tribunales especializados y un plan nacional de prevención con real participación de las mujeres. También es obvio que el derecho a la salud de las mujeres tiene que ver con un salario digno que sea acorde a la canasta familiar, condiciones de trabajo y derechos según la Ley de Contrato de Trabajo y la Constitución Nacional.

Por último -para esta columna- resulta obvio que se debe luchar contra la impunidad que existe en el delito de la trata de personas. Los poderes del Estado ya tienen herramientas para actuar, aunque se pueda mejorar la legislación que existe. Buena parte de estas demandas, implican crear, fortalecer y jerarquizar las áreas específicas de Mujer en las diversas jurisdicciones del Estado, tareas que se afortunadamente se cumplimentaron en Río Negro y en Bariloche. Pero siempre resta mucho por hacer.

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