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Por mucho más

Con un despliegue que pretende al menos empatar el suceso que alcanzó la celebración tres años atrás, el gobierno festejará hoy la década ganada, expresión que acuñó e impuso la presidenta para designar el período K, en contraposición a los 90, decenio que se perdió. Desde ya, una mirada que vaya más allá de la superficie encontrará que tanto en la autoría de “pérdidas” como de “ganancias”, algunos de los nombres se repiten y no sólo en la segunda línea...

Pero si se tienen en cuenta algunos argumentos que traemos periódicamente a colación en esta columna, podríamos concluir que durante los 10 años que se festejan, los sucesivos gobiernos K se caracterizaron por no impulsar cambios estructurales, en cirtos sectores, como por ejemplo en el ordenamiento económico de la Argentina. Ni en el primer lustro ni en el segundo la Casa Rosada demostró vocación por modificar la distribución del poder en materia de economía y menos aún, por cuestionar la lógica que impera en la sociedad argentina.

Es más, después de una primera etapa que se caracterizó por la recomposición del PBI y luego por un crecimiento acelerado, en la actualidad se asiste a un cuadro que no guarda coherencia con la primera época de los K: el tan mentado superávit gemelo (fiscal y comercial) ya no existe y en consecuencia, reaparecieron problemas que en forma un tanto apresurada, se consideraban superados.
En efecto, unos seis años atrás nos dijo el elenco gobernante que la deuda externa ya no era un problema y que con la política de des-endeudamiento, la Argentina estaba en condiciones de hacer caso omiso a los dictados de los organismos internacionales de crédito. Pero al reproducir la lógica de la “década perdida”, el gobierno se abstuvo de revisar en forma minuciosa en qué consistía el endeudamiento argentino, junto con sus condiciones de legalidad y legitimidad. En consecuencia, se nos mostró como triunfo una quita parcial que evitó el replanteo de la soberanía, omisión que condujo al entuerto que todavía se ventila en los tribunales neoyorquinos. Además, no podemos dejar de mencionar que en la década K se pagó deuda externa como nunca antes, aunque ahora con un discurso progresista. No obstante, el monto del endeudamiento es tan importante como siempre y para colmo, bienes del Estado como la fragata “Libertad”, corren el riesgo de sufrir episodios como el que aconteció en Ghana.

Durante el período que arrancó el 25 de mayo de 2003, los tres gobiernos K se abstuvieron de concebir al Estado como agente regulador del proceso de inversión y por consiguiente, el sector público no funcionó como impulsor del cambio productivo que creemos aquí, hace falta en la Argentina. Esa abstención tuvo como resultado el establecimiento definitivo del perfil que se conoce como extractivista y que se basa sobre todo, en la actividad de la soja, la mega-minería y la extracción de petróleo, entre otras facetas. El comportamiento de esos sectores no sólo es perjudicial en términos ambientales y depredador de recursos naturales, además impide la canalización de los cuantiosos excedentes hacia la ampliación de la capacidad productiva y su diversificación. Es a raíz de ese déficit que se explica el resurgimiento y supervivencia de una elevada inflación, junto con la renovación de la puja distributiva entre patronales y asalariados.

Justamente, en relación al último punto puede apuntarse otra deficiencia estructural. En primera instancia, los gobiernos K tomaron la decisión de no tocar el ordenamiento institucional de los trabajadores, determinación que se expresó a través de obstaculizar en forma permanente las demandas de libertad y democracia sindical de quienes no se sienten representados por las burocracias sindicales. Si ejercitamos la memoria, recordaremos que sus expresiones más sustantivas apoyaron al gobierno hasta no hace mucho y que en la actualidad, un sector importante de la dirigencia gremial tradicional sigue cerca de la Casa Rosada. Esa permanencia de las viejas estructuras y caudillos hizo que en el primer lustro, la recuperación social fuera bastante más lenta que la económica, disparidad que un punto también ayuda a entender –aunque no en soledad- la persistencia de la “inseguridad”.

En esta coyuntura, si la inflación anual de la realidad ronda el 25 por ciento pero las recomposiciones salariales quedan a 6 puntos de distancia en promedio, el resultado es el deterioro de los ingresos populares. Tanto en el ámbito de los trabajadores del Estado como en la actividad privada. En el último de los sectores, el ajuste se expresa a través de la destrucción de puestos de empleo con que los empresarios sostienen el menor nivel de actividad.

En forma simultánea, el pago de la deuda externa se hace a través del ajuste sobre las provincias y sobre todo, sobre los haberes de los jubilados, ya que buena parte de los fondos provienen de ANSES. En ese sentido, no puede menos que indignar que después de 10 años, los ingresos de los viejos estén lejos del 82 por ciento móvil que indica la ley y que de dos de cada tres jubilados nacionales, perciban haberes que están por debajo del límite de la indigencia.

En el último año y medio, la década ganada se enturbió considerablemente con la errática política cambiaria que adoptó el gobierno. Esperemos que no se oscurezca del todo con otro ajuste vía devaluación... En síntesis, se debe hacer mucho más, el tema es que el tiempo no alcanza ya que el modelo necesita profundizarse y superar el 2015.

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