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En materia energética, el cambio está por verse

Desde las filas gubernamentales se nos dice que el retorno del Estado a YPF implicó una medida de carácter estructural y además, se afirma que fue la más audaz de las disposiciones a la hora de “pelear contra los monopolios”. Cuando se debatió en el Congreso, algunos de los voceros del oficialismo planteaban la necesidad de modificar el comportamiento empresario en un sector clave para el funcionamiento de la economía. Un año después, puede advertirse una vez más que el alcance real de la maniobra poco tiene que ver con la percepción del elenco gobernante.

La historia reciente indica que cuando en los primeros meses de 2013 el gobierno impulsó un “congelamiento” de precios en los supermercados, al mismo tiempo ordenó incrementos en la energía. En primera instancia, se registró un aumento del 66 por ciento en el barril de petróleo para su exportación, valor que pasó de los 40 a los 70 dólares. Cabe recordar que en la Argentina, el costo de producir un barril se reduce a 10 dólares, de manera que el precio viejo ya contenía una ganancia más que considerable, del orden del 320 por ciento. Con los nuevos valores, la tasa de rentabilidad se disparó al 600 por ciento.

En la actualidad, también se produce un aumento que oscila entre el 50 y el 66 por ciento en el precio de gas a “boca de pozo”. Es que se dispuso fijar el valor del millón de BTU a 7,5 dólares para el gas “nuevo”, contra los 4,5 o 5 dólares que registra en el presente. En este caso el mecanismo es más sutil, ya que buena parte del gas que se considera “nuevo” a estos efectos, es en realidad reserva ya comprobada pero todavía no explotada. Es más, dicen algunos de los expertos que en ocasiones se hace pasar gas “viejo” como si fuera “nuevo”. Por otro lado, hay que tener en cuenta que buena parte de los yacimientos gasíferos de la Argentina están asociados con los petroleros, en consecuencia, un porcentaje considerable de su costo de explotación se cubre con el que deriva del aprovechamiento del “oro negro”.

La otra vía de incremento fue la que notamos más cercanamente los poseedores de vehículos. Desde el 9 de abril último el país se divide en seis regiones, medida que provocó que en la actualidad se presente una gran dispersión de precios en las provincias, con diferencias que oscilan entre el 8 por ciento y el 20 por ciento aproximadamente entre productos similares de las distintas compañías. Por ejemplo, en el caso de la nafta “premium” los valores van de los 6,5 pesos hasta los 8 cuando en Buenos Aires la brecha es menor (81 centavos). Además, los precios en cuestión ni siquiera son de referencia, ya que cuando se publicó la disposición, se produjo una carrera entre operadoras y estacioneros cuyas consecuencias –como siempre- afrontamos los consumidores.

La decisión del directorio de YPF SA seguramente buscó recomponer sus precios, ya que en comparación, siempre fueron los más bajos del mercado. El objetivo consistía en desviar potencial demanda hacia las demás compañías que operan en el sector que ante esa situación, tenían dos alternativas para seguir: más producción o bien, una importación adicional de combustibles. La última de las posibilidades implicaría disminución en sus rentabilidades.

Entonces, si se saca una primera conclusión sobre el comportamiento de YPF SA desde que el Estado controla su paquete accionario, se puede afirmar que con su nueva conducción, jugó un rol fundamental a la hora de recomponer la rentabilidad del sector petrolero en su conjunto, en lugar de funcionar como un factor de regulación y moderación. En efecto, en vez de tender hacia una disminución en el precio de la energía, YPF SA aporta al comportamiento rentístico que caracteriza al negocio petrolero desde que se privatizara en los 90. Con su manera de actuar, no sólo no favorece la reindustrialización que requiere el país, además conspiró contra el hipotético “congelamiento” de precios.

Por otro lado, en marzo último la Presidencia de YPF SA dio a conocer sus primeros números sobre extracción de petróleo y gas, entre otros parámetros, correspondientes a 2012. Para el primero de los rubros hay que decir que apuntó un incremento del 2,2 por ciento en relación a 2011. Si bien todavía no trascendieron los números “finos”, la extracción de YPF S superaría apenas los 11 millones de m3/año, guarismo que representa aún el 30 por ciento de la extracción total (aproximadamente 33 millones de m3/año). El último valor implica un baja del 4,3 por ciento en la extracción de crudo en relación a 2011 si se considera al conjunto de las compañías que operan en el rubro. Quiere decir entonces que las cifras preliminares de 2012 acusan todavía un cuadro de estancamiento y caída que como decimos hace más de una década en esta columna, es estructural.

En relación al gas natural, la empresa reconoció un retroceso del 2,3 por ciento, panorama más sombrío todavía, ya que la extracción de gas en todo el país declinó un 3,1 por ciento, aproximadamente. En el país, las necesidades diarias de abastecimiento rondan los 170 millones de m3/día, de los cuales alrededor de 25 por ciento (42 millones de m3/día aproximadamente) se deben importar porque el sistema no da abasto: la producción diaria ronda apenas los 130 millones de m3/día.

Como se desprende de los datos que trajimos a colación, más allá del aumento de precios que se registró en el sector y que favoreció particularmente a YPF SA (hecho que se refleja en su volumen de ventas), no se produjo un cambio en la tendencia declinante en materia de producción de crudo y gas, elementos que son claves para una matriz energética que depende en un 90 por ciento de tales recursos fósiles. En consecuencia, el cambio estructural todavía está por verse mientras que los monopolios a quienes el gobierno dice pelear, gozan de muy buena salud.

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