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Denunciar tratados bilaterales económicos

No cabe ninguna duda: la única verdad es la realidad. Y con esa premisa a cuestas, cabe preguntarse por qué después de 10 años de gestión, el gobierno que impulsa grandes transformaciones opuestas al neoliberalismo, no denunció ni uno solo de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que entre otras consecuencias, implican una renuncia a la jurisdicción soberana del Poder Judicial argentino en beneficio del tristemente célebre CIADI. En rigor, para beneplácito de las trasnacionales que operaron y todavía operan en la Argentina, bajo el amparo del andamiaje jurídico del neoliberalismo.

Hay que tener en cuenta que el país está visiblemente afectado por la vigencia de los TBI a raíz del cambio en las reglas de juego que supuso la salida de la Convertibilidad. En consecuencia, un hecho autónomo de política económica interna que debería considerarse exclusiva responsabilidad del gobierno de los argentinos, es susceptible de convertirse en un litigio que además, se ventila en el órgano que forma parte de la estructura del Banco Mundial.

En efecto, los especialistas nos recuerdan que la Argentina celebró 58 TBI en la segunda de las “décadas infames”, de los cuales nada menos que 55 están en vigencia.

Entre nosotros, todos sabemos que la Convertibilidad implicó la postración de la economía nacional y la exclusión de millones de argentinos a través del desempleo y la consecuente marginación, pero desde la perspectiva de los organismos internacionales de crédito y las trasnacionales, el abandono de la paridad cambiaria supuso que los contratos que se habían firmado en dólares, fueran vulnerados. En consecuencia, la Argentina es el país que más demandas recibió por parte de las compañías que hasta 2002, lograron aquí considerables rentabilidades en dólares.

Al no denunciar los tratados en cuestión, el Estado debería afrontar los costosos litigios que ya perdió en el CIADI, aunque todavía no erogó cifra alguna. El recuento arroja que el país llegó a afrontar 55 denuncias en el tribunal arbitral del Banco Mundial. De ellos, la Argentina recurrió seis con pedidos de nulidad y 17 se encuentran en trámite. De los 14 trámites que ya finalizaron, el resultado es contrario a la Argentina: ocho laudos se resolvieron a favor de las empresas y seis beneficiaron al Estado. Sobre otros 18, los demandantes desistieron porque obtuvieron nuevas ventajas económicas por parte del gobierno nacional o se cerraron a raíz de un acuerdo entre las partes.

Hasta el momento, sólo dos de las causas se perdieron definitivamente para los intereses de los argentinos. Una de ellas fue promovida por Azurix, la empresa que prestaba el servicio de agua potable y saneamiento en provincia de Buenos Aires. La otra, contó con el impulso de una accionista de Transportadora Gas del Norte (TGN). Desde ya, la demanda más significativa tiene que ver con la historia reciente: es la de Repsol y totaliza 10.500 millones de dólares. Nótese la magnitud de la estafa: la trasnacional de origen español fue emblema del esquema de saqueo y contaminación que en rigor todavía rige pero de todas maneras, invoca la vigencia de un TBI para multiplicar las acreencias de sus accionistas.

Por los litigios que perdió, debería erogar la Argentina alrededor de 320 millones de dólares, pero además están pendientes de resolución expedientes que rondan 663 millones de la divisa estadounidense. La friolera se refiere sólo a los litigios que presentan más actividad y cuyos importes ya se establecieron. Mientras se discute puertas adentro una reforma judicial que tiene aspectos positivos, hay que tener en cuenta que las decisiones de los tribunales arbitrales que funcionan en el marco del CIADI son inapelables porque lisa y llanamente, no existe una instancia superior a la cual recurrir. Además, su cumplimento es obligatoria para las partes.
De todas maneras, en el ámbito del derecho internacional no es fácil ejecutar a un Estado soberano. Hasta el momento, la estrategia del gobierno nacional implica mantenerse dentro de las reglas que consagran al CIADI y en ese marco, batallar hasta las últimas instancias. La triquiñuela nacional consiste en reconocer los laudos pero al mismo tiempo, solicitar que se presentan las compañías en los tribunales argentinos para lograr su ejecución, criterio que hasta el momento no aceptan las trasnacionales.

Llama la atención el criterio que siguieron otros países de cuyos gobiernos, el argentino dice experimentar afinidad ideológica. Bolivia se retiró del CIADI en 2007, Ecuador en 2009 y Venezuela el año pasado. Por su parte, con menos discursos incendiarios pero más incidencia en la práctica, Brasil nunca entró al sistema que proponen los TBI y en consecuencia, mantiene su soberanía jurisdiccional. En consecuencia, no forma parte del CIADI y además, no sufre la vigencia de ningún TBI. Por su parte, la Argentina se esfuerza por dilatar las cancelaciones que debiera hacer pero no los rechaza y mantiene la vigencia de los odiosos instrumentos jurídicos.

Estamos frente a un problema de vocación política, claro. La Argentina podría denunciar el Convenio de Washington, cuyas consecuencias todavía pesan sobre la vida de los argentinos y en consecuencia, los TBI caerían en bloque. Desde ya, hay que tener en cuenta que la trampa es perfecta: los tratados en cuestión incluyen cláusulas que estiran su validez 15 años más después de su denuncia. Por otro lado, el país podría plantear la nulidad de todos los TBI, acción que tendría efectos retroactivos sobre litigios que están en curso. En este caso, la herramienta a mano es el artículo 46 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que contempla la facultad de anularlos cuando van manifiestamente en contra de una norma fundamental del Estado. En este caso, la Constitución Nacional. Herramientas hay, falta el coraje.

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